Un año sin Lucas Verón y una historia que se repite

El 9 de julio de 2020, Lucas Verón estrenaba los primeros minutos de sus 18 años. En la madrugada del 10, se subió a la moto con un amigo. Iban a comprar bebidas para celebrar. A la 1.30, un móvil de la Policía Bonaerense en el que se movilizaban los agentes Ezequiel Benítez y Cintia Duarte comenzó a seguirlos. La persecución finalizó entre las calles Juan Llerena y Domingo Victorio de Achega, en González Catán. Allí, el vehículo impactó a la moto, por lo que los jóvenes fueron despedidos. El sonido del choque fue seguido por el estruendo de la pistola reglamentaria del conductor del patrullero, Benítez, según apuntó Carla Ocampo Pilla, abogada de la familia de Verón, a El1 Digital. 

“A Lucas lo fusila la Policía”, denuncia, por su parte, la madre del joven, Graciela Aguilar. Desde hace meses, comenzó a vincularse con otros familiares de víctimas de gatillo fácil, quienes saben, por el dolor de la experiencia, que este tipo de causas que envuelven a las fuerzas de seguridad se ganan en la calle. Uno de los organismos que no dudó en sumar su apoyo fue la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza. Su fundador y referente en el ámbito a nivel nacional, Pablo Pimentel, señaló que no se cumplieron ninguno de los protocolos que deberían haberse aplicado en estas circunstancias: “No le dieron la voz de alto y no pusieron las sirenas”. “Directamente, lo corrieron y lo mataron”, subrayó. “Esto se circunscribe en una política de seguridad que es absolutamente represiva y no preventiva”, analizó.

“Era un chico pobre de Villa Dorrego. Por eso, este tipo de episodios tiene que ser altamente condenable. No sólo por la Justicia, sino también por la sociedad. Nosotros no podemos seguir avalando que se repitan este tipo de hechos y siempre con el mismo actor social: jóvenes pobres”, ahondó. “Uno apretó el gatillo. Pero ambos agentes participaron de la persecución y, posteriormente, del intento de encubrimiento”, destacó Pimentel. A la autoría material, se suma todo un andamiaje corporativo que intentó disfrazar el crimen. “Creo que hay una responsabilidad material que, en este caso, es esta pareja de policías”, remarcó, al tiempo que expresó: “También hay una responsabilidad de quien da la orden para que lo hagan, porque hay una decisión política que los habilita, por eso los actores intelectuales y morales tienen que ser juzgados y condenados si se los encuentra culpables”. Aguilar hace la misma lectura: “En la causa se trató de ocultar y encubrir a los policías Benítez y Duarte”.

Tras el crimen, la madre de Verón se contactó con H.I.J.O.S. La Matanza. “Empezaron a colaborar por un llamado de mi sobrino. (Él) le avisó a mi hermana Marina Mapelly que a Lucas lo fusiló la Policía. Y, desde un primer momento, están con nosotros y se sumaron otras organizaciones por la repercusión del caso de Lucas, que se trató de gatillo fácil sin duda alguna. Día a día se suman más”, comentó.

Desde H.I.J.O.S. La Matanza, Lily Galeano planteó que “estos casos de violencia institucional, como el de Lucas Verón, generalmente suceden con los pibes de las barriadas más vulnerables y humildes del Conurbano”. “Lucas tenía trabajo, tenía sueños, proyectos y una cantidad de amigos maravillosos. Todo ese acompañamiento se puede ver cuando, los días 10 de cada mes, la familia y sus amigos realizan movilizaciones al tribunal y a la fiscalía”, valoró.

La Mesa de la Memoria local, que nuclea a diversas organizaciones de Derechos Humanos, también brindó su apoyo a la familia y engrosó cada una de las movilizaciones en pedido de justicia. “Lamentablemente, la violencia institucional generada por la Bonaerense es cosa de todos los días en los barrios. El mecanismo siempre es el mismo: son suposiciones, que se cambiaron las cámaras de lugar, que la localización de los patrulleros no era la correcta, y así van dilatando los hechos, aunque en este caso está muy claro todo porque tanto la familia, como el barrio, se movió muy rápido”, indicó Hector Sposato, integrante de la querella junto a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Todas las organizaciones concuerdan. Un mismo protagonista: la policía. Un mismo mecanismo: el encubrimiento corporativo. Una víctima de características similares: jóvenes de barrios vulnerables. Cada caso tiene un nombre distinto, Verón, Arruga; sin embargo, hay patrones. Hay conductas similares. Hay tantas semejanzas, inclusive en el recorrido judicial, que hacen pensar que no se terminan. Sino que, por el contrario, el tiempo se dilata hasta que vuelvan a ocurrir, porque no existen fallos de fondo. Pero, del otro lado, también hay elementos que se repiten: organización, perseverancia y por, sobre todo, presión popular.

Ante esta problemática que estigmatiza a los jóvenes de sectores vulnerables, el 22 de abril pasado, la CTA, presentó un proyecto contra la violencia institucional. “No solamente para que la Policía deje de molestar a los pibes en los barrios, también (se tiene en cuenta) cuando a una mujer golpeada no se le toma la denuncia y un montón de situaciones que tienen que ver con las fuerzas del orden y su forma de actuar”, manifestó Sposato, secretario general de la CTA local.

Las instancias judiciales

Carla Ocampo Pilla, abogada de la familia Verón, comentó: “La causa principal está caratulada como Homicidio agravado por haber sido cometido por miembros de las fuerzas de seguridad, en este caso por integrantes de la Policía de Buenos Aires. Quienes están procesados son Ezequiel Benítez y Cintia Duarte, acusados del homicidio de Lucas y de la tentativa de homicidio de Gonzalo Aguirre”.

Además, la letrada planteó que la investigación no podía estar en manos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, porque “la resolución 1.390 establece que, cuando un miembro de una fuerza de seguridad se encuentra sospechado en la intervención del delito que se investiga, hay que apartar a esa fuerza de la investigación”. “En un primer momento, el fiscal de la causa principal era Juan Pablo Tahtagian, pero lo apartaron debido a las irregularidades del caso y por la intervención de las organizaciones de Derechos Humanos”, recordó. “Esta causa ya se encuentra elevada a juicio, aunque todavía no se cuenta con una fecha para el juicio oral”, aclaró.

En lo que respecta a una segunda causa, que es por las irregularidades del caso por parte de Policía, Ocampo indicó que sigue en trámite y que hay tres imputados: Diego Ocampo, el segundo jefe departamental; Daniel Quinteros, jefe distrital; y María Gisel Genes, una funcionaria de la comisaría de González Catán, que es “donde sucedieron los hechos”. “Los procesamientos a Ocampo y Quinteros son por Privación Ilegítima de la Libertad y por Amenazas. Por otro lado, Genes está imputada por falsedad ideológica y falso testimonio”, detalló. En relación a este proceso, adelantó que la investigación está muy cerca de ser elevada a juicio.

En lo que atañe a la tercera causa, expuso: “Producto de la denuncia que hizo la familia de Lucas, se hizo un sumario administrativo en el que se investigan posibles irregularidades con Tahtagian a la cabeza, y una de ellas es no haber aplicado la resolución 1.390. Esta causa es la que está en el Departamento Judicial de San Martín”. “Esa indagación no tuvo mucho curso y se archivó, pero, a partir de un pedido de revisión, esa averiguación de ilícito, se reabrió hace pocos días y se empezó a llamar a todos los testigos para declarar”, finalizó.

Actividades de visibilización

La familia Verón está atravesada por la violencia institucional. Un término que, si se observa otro hecho, queda, cuanto menos, corto. El abuelo de Lucas fue desaparecido durante el último golpe de Estado. “Siempre una casa de puertas abiertas, recibiéndote a pesar del dolor”, apreció Alejo Rivera, integrante de H.I.J.O.S. La Matanza.

Desde el asesinato de Lucas, familiares y amigos se movilizan todos los días 10 de cada mes hasta el Departamento Judicial de San Justo para conversar con la fiscal general, Patricia Ochoa, quien les informa cómo avanzan las causas. Perseverancia y constancia son palabras que definen a los Verón. Asimismo, el entorno de Lucas exige que esto no le pase a ningún otro joven, por eso, junto a la Mesa de la Memoria de La Matanza, planificaron pintar 18 murales, por la edad de Verón al ser asesinado, en distintas zonas de la Provincia. A esta iniciativa, se le sumaron otras organizaciones como el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA). Hasta el momento, se realizaron 26 intervenciones en diferentes paredones bonaerenses.

“El día 10 de julio, mientras esté transcurriendo la marcha, sabemos que en distintos puntos de la provincia se van a estar terminando algunos de los murales y se van a pintar dos más en la casa de la familia de Lucas Verón”, informó Rivera en relación a las actividades por el aniversario del hecho. En horas de la mañana, diferentes organizaciones se movilizarán desde la intersección de la Ruta Nacional N° 3 y Federico Russo, en González Catán, hasta la casa de los Verón.

“La Policía está para cuidarnos, no para salir a matar a nuestros hijos. Este tipo de hechos suceden y sucedieron siempre porque actúan con impunidad, con ese abuso de poder por llevar un arma encima”, lamentó Aguilar, madre de Verón. “Nuestros proyectos a futuro son seguir luchando por el pedido de justicia de mi hijo y hacer que todos los responsables e involucrados en la muerte de él paguen, sean juzgados y condenados como corresponde. Por Tenemos que seguir y armar proyectos para que no haya nunca más un Lucas. Basta de violencia institucional, porque a los pibes se los cuida”, cerró.