Seguridad vial: reclaman campañas de concientización y endurecimiento de penas
Con una caminata junto al Obelisco, tanto organizaciones como familiares de víctimas de siniestros viales también pidieron la reducción de la velocidad máxima en zonas urbanas a 30 kilómetros por hora.
En el marco de la 7º Semana Mundial para la Seguridad Vial, familiares de víctimas de siniestros viales se concentraron este lunes en el Obelisco porteño, en donde exigieron la realización de campañas de comunicación para prevenir estos hechos, que son la primera causa de muerte en personas de entre cinco y 29 años, según la Organización Mundial de Salud (OMS).
Asimismo, desde Madres del Dolor recordaron que la semana pasada se presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional que, en caso de ser aprobado, permitiría agravar las penas en los casos de homicidio culposo –figura legal usualmente aplicada para los siniestros viales- cuando existan agravantes como, por ejemplo, el uso del celular o el consumo de alcohol.
También, desde la Asociación Civil Luchemos por la Vida recordaron priorizar la reducción de la velocidad máxima en zonas urbanas hasta 30 kilómetros por hora.
De esta manera, pasado el mediodía, miembros de distintas organizaciones que luchan para la concientización en esta temática se concentraron en el lugar con carteles que exigen “una movilidad segura y sostenible” que es el lema que este año utiliza la OPS (Organización Panamericana de la Salud) en el cual convoca a “repensar la movilidad”.
Así, en diálogo con la agencia de noticias Télam, Viviam Perrone, fundadora de Madres del Dolor y madre de Kevin Sedano, el joven de 14 años que murió en 2002 luego de ser atropellado en la avenida del Libertador y Corrientes, Olivos, expresó: “Necesitamos que la gente tome conciencia que sólo respetando las leyes se pueden salvar vidas. No estamos hablando de pobreza o adicciones, que son temas complejos en los que hay que tener en cuenta infinidad de factores. Esto es bastante más sencillo: si tomas alcohol no conduzcas, tampoco uses el celular mientras manejas, respetá las velocidades máximas establecidas, y se van a salvar vidas”.
El principal reclamo de las organizaciones presentes en la convocatoria fue la realización por parte de los estados provinciales y el Nacional de campañas de concientización sobre “la importancia de cumplir estas leyes y de que no es que no pasa nada, que realmente al alcohol al volante mata y que ese tipo de acciones tiene consecuencias irreparables”, sentenció Perrone.
“Necesitamos que se hagan campañas, que se difunda, que la gente entienda la seriedad de lo que esto significa y estas acciones tienen que estar acompañadas por controles que aseguren que se cumplan y que también impongan una pena a quien no lo haga”, remarcó Perrone.
Por el endurecimiento de las penas
Perrone también explicó que la semana pasada se presentó un proyecto de Ley en el Congreso Nacional que establece que “si hay agravantes en una causa por homicidio culposo –como el uso de celular o consumo de alcohol al conducir- éstos puedan incrementar la pena hasta 12 años de prisión efectiva”. En este sentido, remarcó que el homicidio culposo que es la figura que se utiliza en los accidentes viales “generalmente tiene penas en suspenso aun teniendo agravantes y eso es lo que queremos cambiar”.
Plan mundial
Cabe recordar que la OPS elaboró el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 con el objetivo de “de aquí a 2030, reducir en un 50 por ciento las muertes y los traumatismos causados por el tránsito”.
“Para prevenirlos, el plan propone abordar la totalidad de la infraestructura de transportes y adoptar medidas para garantizar la seguridad de las vías de tránsito, de los vehículos y de los comportamientos viales, además de mejorar la atención de urgencias”, señaló el organismo en un comunicado.
Por su parte, la Asociación Civil Luchemos por la Vida recordó que la actividad se lleva a cabo “para que los políticos responsables de la seguridad vial ejecuten las acciones para hacer que caminar, andar en bicicleta y en el transporte público sean seguros y convenientes para que las personas puedan hacer el cambio a una movilidad segura, activa y sostenible. En especial, se prioriza la reducción de la velocidad máxima en las zonas urbanas a 30 kilómetros por hora”.
