Rafael Castillo: vecinos de “La Nueva Unión” obtuvieron la promesa de la suspensión del desalojo

Tras el corte y movilización de la semana pasada, los vecinos que tomaron, hace dos años, un predio de 80 hectáreas perteneciente a una empresa privada y levantaron el asentamiento conocido como “Barrio La Nueva Unión”, en Rafael Castillo, lograron ser recibidos, este lunes, por funcionarios municipales y provinciales en la Municipalidad matancera, en San Justo.

En este contexto, según pudo saber El1 Digital de fuentes que participaron de la reunión, en principio está previsto que la administración provincial envíe, esta semana, una presentación ante el juzgado interviniente para que se suspenda la ejecución de la orden de restitución y desalojo emitida por el juez Ochipinti durante la primera semana de diciembre, en el marco de una causa por usurpación.

También, acordaron la conformación de una mesa de trabajo conjunta y tienen previsto, para enero, la realización de un censo a las familias instaladas, así como estudios del suelo del predio ubicado entre las calles Río Cuarto, Polledo y García Merou, para determinar la habitabilidad de esos terrenos. En el caso de que estos pasos funcionen, posteriormente llegaría la etapa de conversar con el privado que acredita la posesión de las tierras.

Así, en comunicación con El1 Digital, el delegado barrial Luis Cuevas, detalló: “Nos presentamos ayer con un conjunto de vecinos. Es un avance que el Municipio se haya comprometido, vino gente de Desarrollo Social municipal, también de Provincia, van a hacer un censo y un estudio de tierra, y de ahí vamos viendo”.

Por su parte, el delegado barrial Sebastián Creus amplió a este medio: “No tenemos nada definido, pero se llegó a un buen diálogo. Por el momento, nos tenía un poco preocupados lo de la orden de desalojo, que va quedar ahí, medio parada, por lo menos hasta que lleguemos a un arreglo. Los funcionarios quedaron en que les iban a mandar una nota al juez para que él lo eleve a Cámara y que frene la fecha para el desalojo, la cual no teníamos”.

“Quedamos en conformar una mesa de trabajo en conjunto, tanto con el Municipio como con Provincia. La idea es llegar a un arreglo, buscar una respuesta positiva. Obvio que tiraron la pelota de que esto es judicial, que no depende solamente de ellos, pero (dijeron) que van a hacer todo lo posible. Hablamos un poco de los pasos a seguir, que nos van a venir a censar en las primeras dos semanas de enero. También se va a hacer el estudio de la tierra, para saber qué zona es habitable y cuál no”, desarrolló.

En este marco, Edgardo Leonardi, otro delegado barrial y referente vecinal, repasó: "Los puntos que se tocaron fueron más que nada el tema del desalojo, en qué se iban a comprometer ellos porque, después de tanto tiempo, pudimos abrir esta mesa de diálogo, y que realmente se comprometan a trabajar con nosotros, con la ayuda que siempre venimos pidiendo. Nos pusimos a disposición para que nos den una mano en todo, que podamos organizar un barrio como lo venimos haciendo, tanto con el tema de alumbrado, el desagüe del agua, porque hay partes que se inundan (…) Ahora se comprometieron en dar una mano, en trabajar en conjunto, en mandar un escrito, en ponerse de acuerdo con el dueño del predio, el señor Lozano de Cerámica San Martín, para frenar el desalojo. Nos prometieron que no iba a haber un desalojo prácticamente hasta fines de febrero. También se comprometieron, para la primera semana de enero, a empezar a acomodar el barrio, venir, ver, hacer un (reconocimiento) ambiental de cómo está todo. Tienen que controlar que la tierra esté apta (para viviendas)… acordamos en que no íbamos a hacer más movilizaciones si ellos cumplían con lo pactado, con parar el desalojo, hasta que ellos vean que realmente hay familias viviendo. Que vean cómo vivimos, que no somos una toma que acá la gente negoció, como pasó en otras tomas, y en menos de un año todo el mundo edificó. Acá somos todos gente humilde, que realmente no tenemos dónde vivir. El tema de los alquileres se fue a las nubes, y explicar la situación económica de las familias que viven acá… tenemos sueldos de 30.000, 40.000 pesos y no podemos alquilar y vivir… se comprometieron, ahora está en ellos que cumplan su palabra".

Alivio y cautela

Si bien hay mucha cautela, Creus manifestó un moderado alivio: “Dentro de todo tuvimos una buena charla, como te dije no hay nada definido todavía, pero el diálogo se abrió, hay compromiso, por ahora. Hay que esperar respuestas y ver qué pasa. Por lo menos hasta que termine la feria judicial estamos tranquilos. Mientras tanto vamos a ver qué podemos hacer para quedarnos asentados ahí”.

Por otra parte, fuentes oficiales que participaron en la reunión confirmaron a El1 Digital que, en efecto, tienen previsto llevar adelante estos pasos y enfatizaron: “Esto viene de hace casi dos años. Ellos están en un predio privado. La denuncia la hizo el privado porque pide la tenencia de las tierras. El juez, en su última resolución, pidió la restitución de los terrenos al privado. Terminado el proceso normal que tiene que tener cualquier litigio entre privados, ahí podemos intervenir. Hay un problema entre privados, y más allá de que hay una necesidad social del derecho a la tierra, está el derecho a la propiedad privada, más allá de que estemos de acuerdo o no. Legalmente eso existe. Nosotros podemos intervenir en el momento en que se agotan todas las instancias y ver qué podemos aportar para que termine de la mejor manera posible”.

Sobre la reunión de ayer, las fuentes consultadas detallaron: “Se les dijo que se iba a hacer una presentación ante la Fiscalía, para que no haya ningún tipo de desalojo ni amedrentamiento de acá hasta que en la mesa de diálogo podamos resolver algo, y ver de qué forma el propietario también acceda a una propuesta razonable. Provincia va a hacer una presentación al Juzgado para que sepa que los estados provincial y municipal están interviniendo, para tener una mesa de diálogo y llegar a un acuerdo razonable entre las partes”.