Por primera vez, un tribunal argentino condenó los delitos de lesa humanidad hacia personas trans
Once implicados fueron acusados por la tortura y violencia hacia mujeres trans en el centro de detención clandestino Pozo de Banfield entre los años 1976 y 1983.
Por primera vez en el país, y en el mundo, un tribunal argentino condenó a prisión perpetua a diez represores de la última dictadura militar por persecución y violación de los derechos humanos de personas travesti/trans.
Enmarcada en la causa de “Las Brigadas”, estos crímenes ocurrieron en el centro clandestino de detención Pozo de Banfield entre 1976 y 1983. Allí, junto a otras 602 víctimas, se secuestraron, torturaron y violentaron a ocho mujeres trans.
Al catalogarse como un delito de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de estado, este, no prescribió. Once de los implicados, entre ellos, policías, militares y un civil a cargo de la policía, fueron acusados y condenados por los crímenes.
La importancia de la condena en democracia
“Creo que sienta un precedente para algo por lo que venimos y seguimos luchando hace muchísimos años, que tiene que ver con una Ley de reparación histórica. Si bien estos juicios tienen que ver más específicamente con la época de la dictadura, no podemos omitir que la democracia tardó en llegar a las personas travesti/trans”, señaló la referente y militante travesti/trans matancera, Florencia Guimaraes, a El1.
Y completó: “Me parece interesante la condena para seguir luchando por una reparación para todas aquellas que seguimos siendo perseguidas, torturadas y criminalizadas, aun en democracia. Podemos decir que los delitos cometidos en esa época nunca cesaron. Seguimos hablando de travesticidios sociales o necropolíticas, porque todavía la probabilidad de vida de las personas travesti/trans es de 35 años de edad”.
Guimaraes remarcó que la sentencia es un “importante precedente”. Sin embargo, señaló que aun existen decenas de hechos discriminatorios hacia estos grupos por parte de la sociedad y, sobre todo, las autoridades.
“Siempre hay mecanismos por parte del Estado para seguir persiguiendo a poblaciones específicas. Y esto tiene que ver, también, con una mirada que apuesta al exterminio de estas poblaciones específicas; en el caso de las personas travesti/trans, es la criminalización”, explicó.
De este modo, recordó que las cárceles federales se encuentran “repletas de compañeras” migrantes bajo la tipificación de “narcomenudeo”. También, indicó que, hasta hoy, casi el 90 por ciento de las personas travesti/trans tienen “como único mecanismo de subsistencia” el ejercicio de la prostitución.
