Leandro Alcaráz, el caso testigo de la inseguridad a bordo de los colectivos, que vuelve a la luz ante un nuevo crimen de un chofer

Esa tarde del 15 abril de 2018, Leandro Alcaráz se despidió de su familia con una sonrisa. Era domingo y, una vez más, le había tocado cumplir una jornada laboral un fin de semana. Colectivero de la línea 620 desde hacía menos de dos años, su esposa, Jésica y su hija, Zoe, nunca imaginaron que ese día soleado sería la última vez que lo verían con vida. Al llegar con el interno 103 a la esquina de Santiago Bueras y Concordia, en el kilómetro 36 de la Ruta N° 3, barrio San Pedro de Virrey del Pino, fue asesinado a balazos por una discusión tan banal como dolorosa: por una tarjeta SUBE.

Este lunes 3 de abril, tras conocerse la noticia del crimen del chofer de la misma empresa 620, Daniel Barrientos, quien también fue ultimado en el marco de un robo cuando viajaba a bordo del interno 87 por el barrio Vernazza del km. 41 de la Ruta N° 3 (a tan solo cinco kilómetros del lugar en que mataron a Alcaráz), el crimen de Leandro Alcaraz vuelve a tomar visibilidad, en tanto se convirtió, en los últimos años, en un verdadero caso testigo de la inseguridad a bordo de los colectivos.

Ese 15 de abril

El próximo 15 de abril se cumplirán cinco años del crimen de Leandro Alcaráz. Ese día, pero del año 2018, los hermanos Brizuela discutieron por la tarjeta SUBE con el joven chofer de 26 años y lo mataron a balazos. Tras una vasta investigación, que incluyó la desafectación de la Policía Bonaerense de la pericia, la incorporación de la Gendarmería a la causa, las promesas incumplidas del poder político de más seguridad (cámaras, domos de videovigilancia, botones antipánico) en los colectivos, las marchas de colectiveros y familiares de la víctima, la Justicia matancera condenó a prisión perpetua a Cristian Brizuela, de 24 años, por “Homicidio calificado por alevosía y por el uso de armas de fuego”.

Según consta en la investigación judicial, durante el recorrido de Leandro Alcaráz, a la altura de Isidro Casanova, subió Brizuela, quien mantuvo un entredicho con la víctima por no tener saldo en la tarjeta SUBE. Luego, cuando Leandro llega a la última parada del recorrido, en la intersección de las calles Santiago Bueras y Concordia, en Virrey del Pino, todos los pasajeros bajaron, incluido Brizuela. Por la puerta delantera, apareció un adolescente armado, de 17, (condenado a pesar de ser menor de edad) que subió un escalón del micro y, sin mediar palabra, disparó dos veces contra Leandro: un balazo le dio en el pecho y el otro, en la cabeza. Luego, los atacantes se dieron a la fuga. En tanto, al menor implicado en el homicidio la Justicia lo condenó, en septiembre de 2020, a 14 años de prisión en suspenso ya que al momento del hecho era menor de edad.

El crimen de Leandro visibilizó la violencia que sufren los choferes a diario y derivó en un paro de todas las líneas de colectivos del AMBA. Después del episodio, el Gobierno de la Provincia, por entonces a cargo de María Eugenia Vidal, prometió la colocación de cámaras de seguridad en todas las unidades, una medida que, tal como detalló la hermana de la víctima, no llegó a materializarse. De hecho, en octubre de 2020, a 20 cuadras de donde mataron a Leandro, hubo otro crimen de un colectivero a bordo de su unidad: A Pablo Flores (37) le dieron tres balazos en la cara cuando frenó en la rotonda del barrio San Javier, también en Virrey del Pino.

Un pedido de justicia que no cesa

Jéssica Alcaráz, hermana de la víctima, le contó a El1 Digital cuales son sus sentimientos cada vez que se acerca un nuevo 15 de abril. “Por un lado, esta fecha nos hace mal, pero hay que seguir adelante ya que, por otro lado, el hecho de que se siga visibilizando ayuda a que estas cosas no le pasen más a nadie”. “La visibilización del caso ayudó mucho a que se condenen a los asesinos”, valoró Jéssica, aunque lamentó: “La muerte de mi hermano no sirvió de mucho para que los choferes tengan más seguridad, porque a otros también los han lastimado”.

En este sentido, protestó por la escasez de medidas de protección para los trabajadores. “Solo algunas líneas de colectivos tienen cámaras o cabinas blindadas”, se quejó la hermana del chofer asesinado, al tiempo que enumeró otras medidas que aun brillan por su ausencia. “Nosotros hemos pedido que haya números para que los pasajeros puedan realizar denuncias y, entre otras cuestiones, que los números de internos estén bien señalizados, pero son cosas que no se hicieron”, apuntó.