La actualidad de la Ley Brisa: “Los trámites no siguen su curso”, alertaron

El 4 de julio de 2018, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó por unanimidad la Ley 27.452 que creó el Régimen de Reparación Económica para Niñas, Niños y adolescentes víctimas de violencia. Comúnmente, se la conoce como Ley Brisa.

La normativa reconoce el derecho a cobrar una suma mensual y contar con cobertura de salud para aquellos niños y adolescentes, víctimas de violencia familiar o de género. No obstante, desde la ONG Atravesados por el Femicidio alertaron que, desde el inicio de la nueva gestión de gobierno, los trámites “no avanzan”.

"Estos trámites no siguen su curso".

“Con la asunción de las nuevas autoridades, las personas que tienen a su cargo huérfanos de madres asesinadas por femicidio logran ingresar los trámites en el ANSES, pero la carpeta no se mueve. Estos trámites no siguen su curso”, explicó Marcela Morera, titular de Atravesados por el Femicidio, en diálogo con El1.

Ley Brisa: articulación de organismos

Desde 2018, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) junto con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), del Ministerio de Desarrollo Social, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), trabajaron para agilizar los procesos de implementación de la normativa.

Sin embargo, el cierre del MMGyD y el desfinanciamiento a la SENAF afectó el normal desarrollo de los trámites. “Ellos hacían un seguimiento del trámite hasta que se adjuntaba la reparación. Sabemos del desfinanciamiento que existe, pero nos parece muy grave dejar a estos niños a la buena de Dios”, manifestó Morera.

"Nos parece muy grave dejar a estos niños a la buena de Dios".

Asimismo, enfatizó que las familias que se han hecho cargo de uno o a veces más niños huérfanos, reciben el subsidio para que “puedan seguir con sus vidas, a pesar del asesinato de sus madres”. “Tememos por el futuro de la Ley, que está vigente desde hace seis años y creemos que es más que importante”, agregó.

Durante los primeros cinco años de aplicación de la normativa, más de 1.500 hijos de víctimas de violencia extrema recibieron una reparación económica. Dicha prestación se abona hasta los 21 años y es sin límite de edad para aquellas personas que al momento del hecho acrediten una discapacidad.

“Al comienzo pensamos que eran demoras por el cambio de gestión. Ahora, estamos viendo cuál es el proceso: cerraron el Ministerio de las Mujeres y empezamos los retrasos en el pago de los subsidios. Por eso, nos estamos organizando”, cerró Morera.