El Foro de Discapacidad le pidió al Presidente que desestime el proyecto para “desregular” las prestaciones

Presentaron el petitorio en la Quinta de Olivos. También efectuaron marchas en Rosario, San Miguel de Tucumán, Córdoba, Villa María y Mendoza, entre otras urbes.

Este miércoles, con movilizaciones en distintos puntos del país, el Foro Permanente de Discapacidad pidió al Presidente Javier Milei que desestime el proyecto de decreto para desregular el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral para personas con discapacidad. En caso de que sea confirmado como decreto, los organismos públicos nacionales que financian el Sistema de Prestaciones Básicas para las personas con discapacidad fijarán de forma independiente los valores de las prestaciones incorporadas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas.

En el petitorio presentado en la Quinta Presidencial de Olivos para el primer mandatario, el Foro le expresó al Presidente: “Gracias a que la Ley 24.901 reconoció hace más de 25 años un número importante de prestaciones para este colectivo y que su decreto reglamentario (1193/98) estableció un nomenclador común para las mismas, gran cantidad de personas con discapacidad han accedido a ellas sin importar su situación económica. Actualmente reciben esta atención unas 200.000 personas, y hay alrededor de 100.000 personas que trabajan para que la misma sea posible. Este logro se vería afectado por las consecuencias que surgirían de la promulgación del mencionado decreto”.

“Nuestra gran preocupación es que esta medida puede generar que se rompa la universalidad y equidad de atención que ha permitido la Ley 24.901 y que ha implicado mucho esfuerzo por parte de las personas con discapacidad, de sus familiares, de los prestadores y de asociaciones de derechos humano”, alertó el Foro en el petitorio al que El1 tuvo acceso.

Servicios con riesgo de cierre

“La posible diversidad de aranceles en los distintos efectores puede llevar a que los prestadores, para cubrir sus reales costos, decidan trabajar solamente con los efectores que establezcan un arancel que les permitan brindar la prestación con sus exigencias”, se advirtió. Y anticipó: “También puede pasar, dado que en general los entes obligados no han querido dar aumentos, que se vaya produciendo un cierre de servicios y que las personas con discapacidad no encuentren donde ser atendidas, ya que el Estado no cuenta con instituciones que puedan dar respuesta a las necesidades que la Ley ha reconocido”.

Además, el Foro marcó que las prestaciones están atrasadas en un 45 por ciento para aquellas brindadas por instituciones y profesionales, y en un 100 por ciento para los transportistas. “Esta iniciativa no ha contado con la obligada consulta a las asociaciones que representan a las personas con discapacidad, como establecen las normativas internacionales”, se cuestionó también.

“Por todo lo dicho, no se llega a comprender cuál es la mejora para la vida y la atención de las personas con discapacidad que se busca como objetivo central de este proyecto de decreto, y tampoco en qué puede beneficiar al Estado nacional, si es lo buscado por los funcionarios responsables. Le solicitamos que desestime este proyecto de decreto”, exhortaron.

“Si sale el decreto, se pierde universalidad y equidad”

En comunicación con El1, Carlos Muñoz, presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA) y vecino de Ramos Mejía, evaluó: “El decreto está a punto de ser firmado por el Presidente de la Nación. Si se firma, se van a desregular los aranceles de la ley de Prestaciones Básicas. Entonces, PAMI va a tener que abonar y tener su propio nomenclador, las obras sociales van a tener otro nomenclador e Incluir Salud tendrá otro nomenclador. Con esto, se termina con la universalidad y unanimidad de las prestaciones en todo el país”.

“Cualquier persona con discapacidad puede ser afectada: aquel que tiene una obra social, aquel que tiene una prepaga o aquel que tiene Incluir Salud, que es el programa para quienes carecen de toda cobertura social. Porque no sabemos qué arancel va a pagar cada uno de esos nomencladores que se crearían en reemplazo de un nomenclador único”, señaló Muñoz.

“Si sale el decreto, se pierde la universalidad y también la equidad. Si no les alcanza para cubrir las prestaciones, ¿qué van a hacer, van a dar la mitad de las prestaciones? Esto es terrible. Con esta medida, se vulneran todos los derechos de las personas con discapacidad, que van a perder prestaciones”, enfatizó el presidente de la AIEPESA.

Además del pedido al Presidente, el sector tiene puestas esperanzas en proyectos de ley presentados en el Congreso, más precisamente en la Cámara de Diputados. Así que también aguardan novedades desde la Comisión Permamente de Discapacidad, que los iba a analizar. En este sentido, Muñoz sostiene que legisladores del oficialismo también los respaldarían. “Esto no es un reclamo político, es un reclamo transversal”, concluyó.