Crímenes de lesa humanidad en el “Sheraton”: “Lamentablemente, la Justicia llega tarde”, plantean

El pasado viernes 25 comenzó el cuarto tramo del juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en el “Sheraton”, el centro clandestino de detención (CCDT) que funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable, en la localidad matancera de La Tablada, durante la última dictadura. Dos exmilitares, Alejandro Federico Salice y Roberto Horacio Sifón, jefes de las secciones de Logística y Finanzas respectivamente, son imputados en calidad de partícipes necesarios en los casos de 28 personas, tres de ellas asesinadas, que estuvieron privadas ilegalmente de su libertad.

Una de esas personas fue Delia Bisutti, quien estuvo desaparecida en el “Sheraton” en dos oportunidades, ambas en 1977. “La primera vez yo me encontraba con mi marido y mi hijo en una parada de colectivos cuando vinieron y me llevaron. Estuve cuatro días allí, yo estaba embarazada de seis meses y, por las torturas recibidas, mi hija nació discapacitada. La segunda vez, la misma patota me volvió a llevar, esta vez desde la casa de mis padres”, recordó en comunicación con El1 Digital.

De acuerdo a Bisutti, los casos de desaparición forzada ocurridos en la subcomisaría de Villa Insuperable “están relacionados” con los ocurridos en la comisaría de Ramos Mejía ya que “ambas dependían del área de Artillería Mecanizada 1 (GAM 1) de Ciudadela”. Fue testigo en la primera etapa del juicio y, si bien opinó que “está bien que se hagan este tipo de juicios”, destacó que, “lamentablemente, la Justicia llega tarde”.

“Hubo momentos en que las leyes de Obediencia Debida, de Punto Final y la impunidad retrasaron todos los juicios hasta que llegó el kirchnerismo, momento en que se empezaron a reactivar nuevamente todas las causas y, en mi caso, yo recién pude testimoniar en el año 2019. La Justicia debe seguir avanzando porque hay un montón de represores que, aun, no han sido juzgados o, si lo fueron, no ha sido por todas las causas. Lo que más lamento es que, todavía, no se haya avanzado en este tipo de causas con la complicidad civil”, sostuvo.

El proceso oral y público está a cargo de los magistrados Ricardo Ángel Basílico, José Michilini y Adrián Grunberg, con la intervención de la fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) María Ángeles Ramos, quien también pidió reclusiones de 50 y 25 años para los represores de la comisaría de Ramos Mejía. Las audiencias se realizarán vía remota mediante conexión por una plataforma de videoconferencias.