A un año de aprobada la Ley IVE, reclaman su “implementación plena”

El 30 de diciembre del año 2020 se aprobó en el Senado nacional la Ley 27.610, estableciéndose el marco legal para el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y a la atención post aborto en todo el país. Este jueves, al cumplirse un año de dicha sanción, desde la Secretaría de Género de los equipos médicos pertenecientes a la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (CICOP), advierten sobre la falta de “cumplimiento efectivo” de dicha norma, a la vez que exigen al Gobierno la asignación de “presupuesto y decisión política para llevar adelante la práctica”.

“No hay una implementación plena de la ley y en toda la Provincia están faltando profesionales de la salud suficientes”, protestó Valeria Bonetto, secretaria de Género de CICOP y pediatra del Hospital Interzonal Diego Paroissien, de Isidro Casanova, ante la consulta de El1 Digital.

Cabe recordar que, de acuerdo a lo que  marca la Ley 27.610, las personas con capacidad de gestar tienen derecho a “decidir la interrupción del embarazo de conformidad con lo establecido en la ley; requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud, en conformidad con lo establecido en la ley”. Sin embargo, según denunció CICOP, “en numerosos hospitales y centros de salud, tanto provinciales como municipales, el acceso a esta práctica se encuentra limitado u obstaculizado”. “Una de las causas es la falta de personal para conformar equipos interdisciplinarios capacitados y que se encuentren abocados exclusivamente a la atención y acompañamiento en estas situaciones”, marcaron.

En ese sentido, Bonetto explicó que “siempre esta situación se aborda desde una mirada integral; no solamente lo físico, sino también, lo psicológico, el contexto social de la persona”. “Por eso, es importante que intervenga salud mental, servicio social, ginecólogas o médicos generalistas”, destacó, al tiempo que apuntó que “en algunos sitios directamente no existen estos equipos”.

Asimismo, la gremialista puntualizó que “la distribución de los equipos es muy heterogénea”. “Muchas veces, al tener que suplir la falta en otros lugares, se encuentran con un alta demanda, lo que conlleva a una sobrecarga laboral importante sin posibilidad de dar una respuesta rápida y efectiva”, argumentó.

En lo referido a los otros derechos que consigna la Ley IVE sobre “requerir y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud, sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados de conformidad con la ley; y prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces”, desde CICOP alertan: “En los efectores municipales, las condiciones laborales de precariedad y salarios a la baja, también dificultan acciones seguras de promoción y prevención en el primer nivel de atención”.

A estas falencias, aseguraron los médicos, se suma que “en algunas regiones sanitarias existen faltantes de determinados métodos anticonceptivos (implantes, inyectables, DIU), restringiendo así el derecho de la persona de poder elegir el método acorde a su necesidad”. “La demora en la realización de ecografías y las dificultades de la derivación cuando la persona cursa el segundo trimestre, también constituyen obstáculos para la accesibilidad”, agregaron.

Por otra parte, subrayaron que “la presencia de profesionales objetores de conciencia en los distintos lugares, continúa dificultando el acceso a las interrupciones a través de la utilización de maniobras dilatorias o expulsivas, provocando demoras innecesarias”.

“Este cuadro de situación da cuenta de que, a pesar de que hayamos logrado que el aborto sea legal, se sigue vulnerando el derecho de las personas gestantes a su acceso, con el riesgo de que se expongan a un aborto inseguro o clandestino”, analizaron.

“Pañuelazo federal”

A modo de “reivindicación del logro” de la normativa al cumplirse el primer aniversario de su promulgación, según difundió CICOP, la entidad sindical adhiere al "Pañuelazo federal”, propuesto por la Campaña por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, a realizarse este jueves y en forma simultánea, en distintos puntos del país, a las 19.

Por eso, también personal sanitario de la seccional en el nosocomio matancero, replicó la actividad para “visibilizar” sus reclamos “en defensa irrestricta de la salud pública”, plantearon. “Nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos son derechos humanos que deben ser garantizados sin ningún tipo de discriminación por parte del Estado”, pronunciaron mientras levantaron en alto los pañuelos verdes.