Ley Ómnibus: el Ejecutivo prorrogó las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero
La decisión del Poder Ejecutivo se tomó con el objetivo de terminar de debatir y pulir algunas cuestiones de la Ley “Bases” para emitir dictamen del proyecto y llevar la propuesta al recinto el jueves 25, un día después del paro convocado por la CGT. Cuáles son los principales puntos que llevarían modificaciones.
Este viernes, el Gobierno nacional prorrogó las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 15 de febrero, en el marco de la aceleración por parte del oficialismo de concretar contactos informales para pulir algunas cuestiones de la Ley Ómnibus y llevar la propuesta al recinto el jueves 25, un día después del paro convocado por la CGT.
La prórroga, además, habilita a que el Senado tenga más margen para trabajar, con un borrador que estipula un posible dictamen el 31 de enero y su tratamiento en el recinto el 7 o el 14 de febrero. El reglamento de Diputados exige que los dictámenes sean firmados diez días antes del final del período en el que el Congreso está habilitado para funcionar.
Sobre los contactos en Diputados, los bloques del PRO, Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal, tras reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo y con el titular de la Cámara, Martín Menem, avanzaron en consensos que permitirían que se convoque a un plenario de comisiones entre los próximos lunes y martes.
Principales modificaciones
El consenso alcanzado supone la posibilidad de modificar los aspectos vinculados a cuestiones como la movilidad jubilatoria, retenciones a las exportaciones, privatizaciones de empresas públicas, la acotación de la emergencia pública a hasta dos años, y la eliminación del artículo para ratificar el DNU 70/2023.
De esta forma, el principio de acuerdo propone limitar el plazo de la emergencia solicitada por cuatro años a un año, más otro prorrogable por el Poder Ejecutivo, lo que terminaría sumando dos años. Además, se eliminan las facultades delegadas en materia de defensa social, previsional y sanitaria.
Sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se establece como requisito que el Poder Ejecutivo, para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferidos al Tesoro), “deberá contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones”.
Asimismo, se eliminan las retenciones para las economías regionales, que originalmente se iban a llevar a un 15 por ciento, y se limita o suspende la facultad para aumentar los derechos de exportación. Sobre las empresas que se privatizarían, sólo quedaría excluida YPF, aunque el radicalismo también pide que se salven Banco Nación y ARSAT.
Por último, en materia de producción, se prevé un aumento en los cortes obligatorios de bioetanol (hasta alcanzar entre 18 y 27 por ciento) y biodiesel (llegar a hasta 15 por ciento en el 2026) y se elimina la posibilidad de libre importación de biocombustibles. En este punto, también, se deja sin efecto la derogación de la Ley de Azúcar.
