La Matanza refuerza su cruzada antitarifazo con un nuevo pedido de amparo específico para el Distrito

Tal como había adelantado El1 Digital, este jueves, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, presentó un nuevo pedido de amparo judicial ante los Tribunal Federal Civil Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín. A diferencia de la presentación que encabezó junto a otros doce intendentes peronistas de la Provincia, formalizada este lunes en La Plata y dirigida al último aumento de la luz, en este caso, la medida apunta a congelar las subas tarifarias de todos los servicios en el ámbito local, como había sucedido en 2016.

“Presentamos una acción de amparo ante la Justicia para frenar el nuevo ajuste a las tarifas de Macri y Vidal, porque estamos convencidos de que los servicios no son un lujo, son un derecho. En 2016, la Justicia nos dio la razón y logramos el congelamiento de las tarifas de luz, gas y agua en todo el Distrito. Ahora, hicimos una nueva presentación judicial para detener, una vez más, estos brutales aumentos”, anunció la jefa comunal a través de sus redes sociales.

Pedro Bussetti, titular de la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), que tiene un importante trabajo territorial en La Matanza, fue quien acompañó a Magario en su presentación. En diálogo con El1 Digital, explicó los alcances de la iniciativa.

“Es una presentación específicamente de La Matanza, que consiste en una demanda judicial que pide la nulidad de los aumentos de energía eléctrica, gas natural y agua potable en nombre de la intendenta y con el acompañamiento de DEUCO. Además, cuenta con otras firmas de apoyo de entidades de bien público, clubes, sociedades de fomento, comerciantes y organizaciones, como la CTA local. La idea fue juntar a organizaciones representativas del pueblo de La Matanza, que demanda cuadros tarifarios justos, razonables y no expropiatorios, como los que está ejecutando el Gobierno nacional”, detalló el referente en defensa de los consumidores.

Entre los argumentos que avalan la demanda, Bussetti relató que se apuntó, por ejemplo, a las declaraciones del exsecretario de Energía, Javier Iguacel, “quien en octubre había planteado que no iba a haber aumentos este año”. “Eso no se cumplió y lo que planteamos es que la palabra de un secretario de Energía es la palabra del Estado y cuando el Estado no cumple su palabra, hay una violación jurídica”, arguyó.

“En segundo lugar, el Gobierno no cumplió con el fallo que dictó la Corte Suprema de la Nación, en agosto 2016, en la causa CEPIS, donde planteó que el Estado debe garantizar el acceso digno a los servicios públicos y que las tarifas deben ser justas, razonables y acordes a los ingresos de quienes tienen que pagar las facturas. Eso, claramente, no se está cumpliendo”, subrayó con respecto a otro de los argumentos desplegados.

Además, la demanda pide la impugnación del traspaso de la tarifa social de la órbita del Estado nacional al provincial y, también, a los gobiernos municipales, pautado por el Presupuesto 2019, y reclama que sea la administración de Mauricio Macri la que siga afrontando esos costos. Asimismo, la presentación apunta al valor de producción del gas en boca de pozo. “El Gobierno fija un precio en boca de pozo que es disparatado porque no se conoce el costo de producción. Lo que estamos reclamando en la demanda es que los precios, las tarifas de gas y sus derivados se piensen en función de los costos”, aclaró Bussetti.

Para complementar la presentación, DEUCO se sumará a una campaña de adhesión que iniciará el Municipio. “Vamos a recorrer La Matanza para lograr la adhesión y la firma de cada vecino que esté de acuerdo con el amparo para darle sustento a los fundamentos. Necesitamos que toda la comunidad apoye esta iniciativa para que la Justicia comprenda que La Matanza no se resigna a pagar tarifas expropiatorias”,

En tanto, con respecto al resultado esperado tras la presentación, Bussetti apuntó: “Si los que están encargados de hacer Justicia en la Argentina, leen la demanda y profundizan en la argumentación, sin duda, deben decretar la nulidad de los aumentos de tarifas porque los resultados están a la vista: miles de comercios afectados, hogares endeudados por no poder enfrentarlas, gente que ha sacado créditos para pagar las facturas o que han dejado de comprar bienes, como comida, remedios y ropa. La realidad muestra que son inaplicables y expropiatorias”, cerró.

Además de DEUCO y la CTA de los Trabajadores local, acompañaron el pedido de amparo distintas empresas y cooperativas afectadas por los tarifazos, en concreto, las firmas Faratex, Stilux, la metalúrgica Lelovaz y las cooperativas Envases Flexibles Mataderos y la Cooperativa de Trabajo San Justo.