El proyecto que prohíbe el corte de servicios en hospitales, clubes y escuelas bonaerenses ya tiene media sanción
La iniciativa del presidente del bloque Unión por la Patria oriundo de La Matanza, Facundo Tignanelli, obtuvo luz verde en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Ahora, gira al Senado.
En el marco de la primera sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, se otorgó media sanción a una iniciativa que presentó el presidente del bloque Unión por la Patria oriundo de La Matanza, Facundo Tignanelli, la cual busca garantizar que las instituciones de la Provincia tengan acceso a los servicios públicos aun en caso de mora.
El documento prohíbe el corte de los servicios básicos esenciales (luz, gas, agua y servicios cloacales) en asociaciones civiles sin fines de lucro, municipios, dependencias municipales y establecimientos sanitarios y educativos de gestión pública (municipal o bonaerense), incluso cuando las mismas se encuentren en situación de mora o con aviso de corte.
Según indica el documento, el objetivo no es eximir del pago a las entidades, sino todo lo contrario. En caso de que la iniciativa también consiga luz verde en el Senado, las empresas prestatarias estarían obligadas a establecer planes de pago para saldar las deudas. Al mismo tiempo, se prevé una serie de sanciones para las prestadoras incumplidoras.
La dificultad de pagar las tarifas
En su intervención, Tignanelli expresó que “es un proyecto de profundo sentido de justicia social”. “Pone igualdad entre los prestadores del servicio administrados por el privado y los que administra el sector público”, indicó. Además, planteó que “va a facilitar que lleven adelante las actividades de un montón de instituciones en la provincia de Buenos Aires”.
“El proyecto tiene un contexto”, aseguró el legislador. “A toda esta serie de personas jurídicas se les está haciendo muy difícil pagar la tarifa producto del aumento desmedido y el criterio de libre competencia de mercado”, explicó.
En ese sentido, enfatizó que “la interrupción de los servicios básicos para estos entes puede tener un impacto económico negativo significativo en la comunidad”. “Van desde la pérdida de ingresos para empresas locales hasta la disminución del turismo y la inversión”, resaltó.
“Las consecuencias pueden ser duraderas y perjudiciales para el desarrollo económico local, así como el desmedro de la seguridad pública”, cerró.
