El Presidente avaló el impuesto a las grandes fortunas que impulsará el oficialismo para hacer frente a la pandemia

El impuesto a las grandes fortunas que el Frente de Todos impulsará en la Cámara de Diputados a través de un proyecto de ley que se presentará formalmente esta semana recibió, este martes, el aval del Presidente, Alberto Fernández. Acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el jefe de Estado recibió en Olivos al presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner, y al autor de la iniciativa, el titular de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller.

Tras el encuentro, a través de sus redes sociales, Fernández planteó que la reunión con los diputados del oficialismo se dio a instancias de “conversar sobre su proyecto de impuesto a las grandes fortunas, una herramienta útil para afrontar la lucha contra el coronavirus y las dificultades del presente con la solidaridad de los que más tienen”.

El proyecto del Frente de Todos ingresará formalmente al Congreso al final de esta semana y contempla, por única vez, el cobro de un impuesto sobre las personas físicas y jurídicas de las fortunas más altas del país, como grandes grupos económicos de bancos, supermercados, laboratorios, compañías de seguros o agropecuarios, entre otros. Se estima que la letra chica del proyecto impulsará gravar los patrimonios superiores al millón de dólares, excluidos aquellos que se apliquen a la actividad productiva.

El objetivo es que, mediante este tributo extraordinario, el Estado se haga de fondos que se destinarán a reforzar la lucha contra el COVID-19, en medio de la crisis económica que atraviesa el país y que se agravó con la parálisis productiva que provocó la llegada de la pandemia. Durante su debate, se pondrá en discusión si esos fondos serán manejados exclusivamente por el Gobierno nacional o si serán coparticipados a las provincias, que ya empezaron a recibir las primeras partidas del fondo de asistencia de 120.000 millones de pesos que el Presidente les prometió la semana pasada.

De acuerdo al cálculo de una de las diputadas que colabora con Heller en la redacción de la iniciativa, la economista Fernanda Vallejos, “en el escenario más conservador”, la ley fijaría, por única vez, una alícuota del uno por ciento a las 15 mil principales fortunas del país, lo que permitiría recaudar unos 800 millones de dólares. Para la legisladora, esa suma permitiría incrementar en un 50 por ciento la ayuda destinada a las provincias mediante un impuesto que “solo alcanzaría a un 0,03 por ciento de la población argentina”.

Tratamiento virtual
Además de los consensos necesarios que deberá sumar el Frente de Todos -especialmente, en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con 119 legisladores, por lo que necesitará sumar otros apoyos ante la posibilidad de que la segunda fuerza en cantidad, Juntos por el Cambio, no vote a favor- el tratamiento del proyecto tendrá la particularidad de ser virtual, por lo que es necesario modificar los reglamentos de ambas cámaras para permitir la realización de sesiones no presenciales.

En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, firmó un acuerdo con el Registro Nacional de las Personas para validar la identidad de los legisladores a la hora de votar y con Arsat, para la incorporación de un software solicitado a la Cámara de Diputados de Brasil. Además, puso en práctica de la firma digital, una herramienta que les permitirá a los legisladores agilizar expedientes y trámites parlamentarios.

En tanto, desde el Senado, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, le pidió a la Corte Suprema de Justicia una “declaración de certeza de constitucionalidad” para que ambas cámaras puedan actuar sin la presencia de sus miembros en el recinto, como medida de prevención por la pandemia del coronavirus, y se asegure que la validez de lo que se legisle no pueda ser cuestionada, luego, por su inconstitucionalidad.

Si bien el Frente de Todos cuenta con un bloque de 41 senadores, lo que le otorga quórum propio para sesionar, es en la Cámara Alta donde empezaron a surgir los primeros rechazos explícitos a la iniciativa del oficialismo.

En ese sentido, los legisladores peronistas Juan Carlos Romero (Salta), Clara Vega (La Rioja), Lucila Crexell (Neuquén) y Carlos Reutemann (Santa Fe), quienes conforman un interbloque aliado a Juntos por el Cambio, expresaron su oposición al proyecto en un comunicado en que consideraron que “lejos de ser atacados”, los sectores que serían gravados por el impuesto, “tienen que estar fortalecidos para realizar inversiones”. Asimismo, demandaron un mayor funcionamiento del Congreso “para trabajar en todos los temas que preocupan a la sociedad y no solo en iniciativas que acrecientan la grieta”.