El Gobierno envió al Congreso la Ley Hojarasca que busca “derogar 70 leyes”

Con el objetivo de profundizar la desregulación, este lunes, el Gobierno nacional envió al Congreso la Ley Hojarasca. Así, la iniciativa motorizada por el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, rubricará nuevos debates legislativos. Según informaron desde la administración nacional, la norma busca derogar y modificar diversas legislaciones “que contribuyeron a la decadencia de la Argentina en el pasado”.

Los primeros días de julio, mediante el decreto 586/2024, se oficializó la creación de un nuevo ministerio. Así, tras varios meses de especulaciones, finalmente, el Presidente Javier Milei incorporó a Sturzenegger al Gabinete nacional. De este modo, a los días de su designación, manifestó que “cuántas más leyes, menos justicia”. “Argentina está un poco sobrecargada de normas y regulaciones”, consideró.

Ahora, el ministro indicó que “hay que eliminar una cantidad de legislación vetusta y sin aplicación práctica”. “(La Ley) tiene algunas cosas divertidas, pero además de limpiar nuestro marco normativo, es más que nada una interpelación: ¿Por qué se promulgaron estas leyes? ¿Por qué el sistema no las eliminó antes?”, escribió el funcionario en sus redes sociales.

En ese marco, Sturzenegger precisó que “hay seis motivos para eliminar leyes”. Entre las normas, se encuentran “las que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad, las que eliminan trámites inútiles y sin sentido, las que fueron superadas, actualizadas y mejoradas por otras leyes posteriores, las que en la actualidad son obsoletas por los cambios tecnológicos, las que dejaron de tener sentido porque definían obligaciones para instituciones que ya no existen y las que crean organismos con financiamiento público cuando deberían solventarse a sí mismos”.

70 leyes a derogar

Asimismo, el ministro detalló que “son 70 leyes las que se buscan derogar”. Entre ellas, la Ley 22.875 (1983) “que permite al Estado exigir la relocalización de actividades productivas”, por lo que “es una injerencia excesiva en el ejercicio de la propiedad privada”. Otra de las mencionadas es la Ley 14.034 (1951) “que impone pena de prisión para los argentinos que defiendan, en ámbitos internacionales, los derechos humanos en el país”.

Además, se busca dejar sin efecto la Ley 20.983 (1975). Según consideraron, “esta norma que establece que los medios de difusión radial y televisiva quedaban obligados a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional no se aplica desde hace años”. También, la derogación de la Ley 18.312 (1969). “Por esta ley del gobierno de facto de Onganía, el Estado intentaba limitar la libertad de expresión al controlar la disponibilidad de papel de diario”, profundizó.

Entre otras leyes que se suprimirían están la 20.120 (1973) que “obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos, lo que representa una violación flagrante de la libertad personal” y la 20.959 (1975) que “otorga a senadores y diputados de la nación libre circulación y libre estacionamiento”. “Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática”, completó Sturzenegger.