Bacman: “La gente dice que el Gobierno debe priorizar a los jubilados y no el déficit fiscal”

En comunicación con Radio Universidad, el director del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), Roberto Bacman, se refirió al veto de la nueva ley de movilidad jubilatoria que establecía un aumento en los haberes y un cambio en la fórmula de actualización. Así, puso el foco en los resultados que arrojó el último estudio de la consultora. “El 67,5 por ciento está en desacuerdo con el veto”, expresó el analista político. También, hizo hincapié en la delicada situación que atraviesan las y los jubilados.

“La gente piensa que el Gobierno debe priorizar a los jubilados y no el déficit fiscal”, consideró. “Esto significa que deberían sacar el dinero de otro lado”, enfatizó Bacman. Cabe mencionar que, a modo de justificar el uso de la atribución presidencial, desde Casa Rosada, habían planteado que “el Presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa”.

En el relevamiento, también se reflejó el ajuste en los medicamentos. Uno de cada tres consultados (33,6 por ciento) sostuvo que compra solo los medicamentos más importantes e imprescindibles y hay un cuatro por ciento que directamente no puede comprar más medicamentos. “Hay jubilados que le preguntan al farmacéutico cuál es el remedio más importante cuando todos lo son”, advirtió Bacman.

Los jubilados, "debajo de la línea de pobreza"

“El jubilado está por debajo del nivel de la pobreza”, arremetió para luego reflexionar que “la fórmula votada en el Congreso tampoco era la gran maravilla”. “Esta ley lo que hacía era blanquear, de alguna manera, el bono de 70.000 pesos que hace seis meses está fijo”, comentó. “Además, permitía recuperar lo perdido en el primer mes, con respecto a la inflación”, sumó. “La situación es muy grave, habrá que ver como lo procesa la sociedad”, expuso.

La norma buscaba reemplazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, impulsado en marzo por el Presidente Javier Milei. En ese sentido, la iniciativa aprobada en ambas cámaras establecía un ajuste mensual en función del porcentaje de inflación, que se establece mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una suba extra del 8,1 por ciento para remediar lo perdido en enero cuando la inflación escaló al 20,6 por ciento.

Además, se incluía una cláusula para que, en marzo de cada año, se adicione un alza del 50 por ciento de acuerdo a la variación del RIPTE (variación salarial) por sobre la variación de la inflación. Esto implica la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico.