A un año del homicidio de Esteban Bellido, anunciaron la fecha del juicio para los once policías imputados
Tres de los efectivos están acusados de asesinar al trabajador durante un supuesto procedimiento antidrogas y ocho por incumplir con sus deberes y encubrir el suceso. Serán juzgados por un jurado popular.
A un año del homicidio de Esteban Bellido, el trabajador de una fábrica de gaseosas atacado a balazos durante un supuesto procedimiento antidrogas, la Justicia comunicó la fecha del juicio que tiene imputados a once policías: tres por asesinar al hombre y ocho por incumplir con sus deberes y encubrir el suceso ocurrido en el barrio Vernazza de Virrey del Pino. De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, el requerimiento de elevación a juicio fue realizado por el fiscal de Instrucción de La Matanza, Carlos Arribas, y la elevación del caso a debate por parte de la jueza de Garantías N° 6 de ese distrito, Carina Andrijasevich.
Tras el pedido, la causa fue remitida al Tribunal en lo Criminal N° 5, presidido por el juez Matías Mariano Deane, quien tendrá a su cargo la dirección técnica del proceso por jurados a realizarse en marzo de 2024 en la Sala de Juicios del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Por su parte, la acusación estará a cargo del fiscal Sergio Antín.
Según informaron, de los once policías que serán juzgados, tres se sentarán en el banquillo acusados de ser coautores del delito de "Homicidio agravado por haber sido cometido por un miembro de la fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego". En tanto, los ocho restantes enfrentarán la acusación de "Violación de los deberes del funcionario público en concurso ideal con encubrimiento agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave y por ser funcionario público".
El hecho
Según la descripción que se realizó en el pedido de elevación a juicio de la fiscalía, el crimen del trabajador fue cometido el 31 de octubre, cuando los efectivos del grupo de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de ese distrito llegaron a bordo de varias patrullas hasta la calle De la Gándara, entre Arismendi y Federico Lacroze.
“Tres de ellos actuando de consuno y con división de roles, descendieron de los mismos y comenzaron a caminar por la zona descampada lindante donde, próximos a la intersección de las calles Padre Mujica y Alborada de la misma localidad, y abusando de su función o cargo al ser miembros integrantes de una fuerza policial, efectuaron varios disparos de arma de fuego sobre la humanidad de Esteban Rafael Eduardo Bellido, con clara intención de causar la muerte", aseguraron.
En esta línea, sumaron: “los balazos impactaron en la zona posterior del tórax derecho y en cara anterior de muñeca izquierda de la víctima, provocándole lesiones de magnitud tal que ocasionaron su posterior deceso". En tanto, para los acusadores el resto de los policías imputados "tras la comisión de un delito especialmente grave, ejecutado por otros y en el que no participaron, ayudaron a eludir las investigaciones de la autoridad y a sustraerse a la acción de ésta, al retirarse todos del lugar del hecho sin haber denunciado o comunicado su perpetración; ello, habida cuenta de la obligación de promover la persecución penal de un delito, al ser funcionarios policiales, no ejecutando las leyes cuyo cumplimiento les incumbía".
Los policías implicados aseguraron que al momento de los disparos realizaban un operativo antidrogas en esa zona de Virrey del Pino, un sector en el que las bandas narcos se disputan el territorio para la venta de drogas y en el que es moneda corriente que haya enfrentamientos entre sus habitantes. No obstante, para la Justicia no quedó probada la efectiva existencia de ese procedimiento ni que Bellido estuviera implicado en alguna situación sospechosa.
Incluso, en la causa fueron varios los testigos que dijeron que "Juje" Bellido no tenía relación con bandas de dedicadas a la actividad narco, sino que era "trabajador" y "buena persona". Además, al momento de caer muerto a balazos por la espalda, el vecino no llevaba armas ni ningún elemento que hiciera pensar que se resistió a un arresto.
Tras el crimen, el fiscal que inicialmente intervino en el hecho y luego fue reemplazado por Arribas, Gastón Duplaá, dispuso la aprehensión de once policías de la UTOI por "Homicidio" y ordenó secuestrar sus armas reglamentarias y tres de los móviles policiales para que se analicen sus sistemas AVL que permite determinar su geolocalización.
Además, por haber policías involucrados derivó las pericias a Gendarmería Nacional, que secuestró en la escena del hecho once vainas servidas que, tras los peritajes, se determinó que fueron percutidas y expulsadas por una misma arma de fuego: la pistola secuestrada en poder de uno de los imputados.
La jueza de Garantías concluyó en base a las pruebas aportadas que no existió enfrentamiento "ya que la víctima no llevaba ningún tipo de arma" y que por los dichos de testigos puede afirmar que el resto de los policías que llegaron al lugar tras el crimen "muy probablemente decidieron deliberadamente no comunicar el hecho a sus superiores para ayudar así a los coautores del homicidio a eludir la investigación y sustraerse de la autoridad".