Causa Leandro Alcaráz: negaron el pedido de la defensa para liberar al asesino
“El juez Pons no hizo lugar al pedido de expulsar del país a Brizuela”, contó Walter Fidalgo, abogado de la familia del colectivero de la 620 asesinado en Virrey del Pino.
El juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 no hizo lugar al pedido de la defensa de Cristián López Brizuela, el asesino del colectivero Leandro Alcaráz, de volver a su país de origen, Paraguay, y quedar en libertad en el marco del pedido de aplicación de la Ley de Extrañamiento.
La norma establece que un ciudadano extranjero condenado en el marco de algún delito se encontraría técnicamente, a la mitad de su condena, en condiciones de solicitar y/o consentir la expulsión del territorio nacional, quedando automáticamente en libertad una vez que haya abandonado los límites territoriales de la República Argentina.
En diálogo con El1, Walter Fidalgo, abogado de la familia Alcaráz, explicó que la defensa puede apelar la medida. “Igualmente, nosotros estamos sosteniendo que la defensa no puede pedir la expulsión del país porque es una decisión soberana del Estado y no es un derecho del imputado pedir la expulsión del país, y ese será el argumento que mantendremos si apelan en instancias superiores”, indicó el letrado.
Angustia y desahogo
Ante la noticia de la posible liberación, familiares, amigos y conocidos de la víctima se presentaron en las inmediaciones del juzgado para exigir que se le deniegue el requerimiento hecho por la defensa.
En diálogo con El1, previo a la resolución, Nelly, madre de la víctima, había lamentado: “Para mí, como mamá, no hay justicia. Yo perdí a mi hijo y no lo voy a recuperar más, por eso quiero que el asesino cumpla la condena que le dieron”.
“A mi hijo lo fusiló y nada lo va a devolver, y ahora pretende obtener la libertad, ir a su país. No es justo todo el sufrimiento que tenemos que pasar y revivir todo. Nosotros no volvimos a ser los mismos y no vamos a ser los mismos después de lo de Leandro”, cerró.
Sin embargo, con el correr de las horas y tras la decisión del juez Pons, del juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 del Departamento Judicial de La Matanza, la familia Alcaráz sintió que la justicia "los escuchó" al pronunciarse en contra del requerimiento.