Más recorte: el Gobierno disolvió áreas de la Secretaría de Turismo
El Ejecutivo informó la disolución del Comité Interministerial de Facilitación Turística y del Programa Nacional de Inversiones Turísticas.
El Gobierno nacional continúa con el ajuste y, en esta ocasión, impactará en la dependencia conducida por Daniel Scioli. Este jueves, a través del decreto 216/2025 publicado en el Boletín Oficial, anunció un recorte importante en áreas de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.
En rigor, el Ejecutivo informó la disolución del Comité Interministerial de Facilitación Turística y del Programa Nacional de Inversiones Turísticas. Además, se suprimirán las funciones de planificación y programación del sector, así como el financiamiento de obras y subvenciones a provincias y la administración de infraestructura turística.
Asimismo, se dejarán sin efecto los desembolsos de recursos destinados al incentivo del turismo, correspondientes al Plan de Turismo Social. Esto incluye iniciativas como el PreViaje, que, a pesar de su éxito, fue disuelto apenas asumió el Presidente Javier Milei. No obstante, este plan se puede instrumentar por jurisdicciones provinciales y/o municipales.
“Se trata de eliminar todas las responsabilidades y funciones, cuyo ejercicio es susceptible de distorsionar las condiciones del mercado turístico y desalentar el libre desarrollo y recuperación del sector privado”, expresa la resolución, y agrega que se debe “orientar y enfocar la organización pública vinculada al turismo a la promoción de la inversión en el sector”.
Provincias y municipios
La normativa, además, precisa cuáles serán el rol y las responsabilidades de provincias y municipios en lo que concierne al turismo: “Es necesario atender con criterio federal las incumbencias locales y regionales en la materia, eliminando cualquier previsión normativa que avance sobre las competencias de las jurisdicciones y las iniciativas privadas en la actividad”.
En ese sentido, sostiene que “tampoco resulta necesario mantener las funciones relativas a la realización de obras públicas turísticas, que pueden ser desarrolladas por las jurisdicciones provinciales, municipales, CABA o iniciativa privada”. En esencia, el decreto propone alejar “al Estado” de “atender funciones públicas” relacionadas a la actividad turística.
