Empleo público: qué cambios se establecieron con la Ley Bases

A través del Decreto 695/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional reglamentó la primera parte de la denominada Ley Bases. Así, se establecieron una batería de modificaciones significativas en el sistema del empleo público, centradas tanto en las contrataciones como en los despidos y las indemnizaciones en el sector estatal.

Entre sus principales objetivos desde que asumió la Presidencia, Javier Milei se enfocó en reorganizar la planta del Estado, que comenzó con la decisión de no renovar cientos de contratos y con la puesta a disponibilidad de los que integran la planta permanente. De esta forma, los principales cambios establecidos en el empleo público son los siguientes:

Evaluación general

Se introduce una “Evaluación general de conocimientos y competencias” para trabajar en el Estado. La evaluación será anónima y estará diseñada y reglamentada por la Autoridad de Aplicación. La identificación del candidato se realizará únicamente en caso de que resulte calificado.

Los candidatos, además, tendrán que presentar una declaración jurada patrimonial y sus antecedentes laborales, en caso de que lo requiera la función a desempeñar. Asimismo, se estipuló que “no podrá efectuarse ninguna designación sin la correspondiente acreditación del certificado de aptitud psicofísica”.

Instancia evaluatoria

En esta línea, el desempeño del empleado será evaluado constantemente y, para ser promovido, el plantel deberá someterse nuevamente a una instancia de evaluación. Esta decisión tiene como objetivo garantizar que los trabajadores estatales mantengan un nivel de competencia alto en el tiempo que estén en la empresa.

Capacitación y reconversión

A su vez, la Autoridad de Aplicación “podrá disponer de la realización de actividades obligatorias de capacitación y reconversión laboral en los términos que establezcan las normas vigentes, como la prestación transitoria del servicio en el cargo a cubrir por un plazo que no podrá superar la mitad de lo que le restare al agente para agotar la disponibilidad establecida.

Contratos sin estabilidad

Uno de los puntos que generó más polémica es el que establece que el régimen de contrataciones sea por tiempo determinado para las designaciones de carácter transitorio o estacional. Así, el personal contratado no tendrá estabilidad y su contrato podrá ser rescindido en cualquier momento.

Los contratos, además, especificarán las funciones del empleado, la equiparación escalafonaria y la duración del trabajo. Para la gestión de este punto, se creó el Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad. De esta manera, la escala del período de disponibilidad del personal afectado es la siguiente:

• Hasta 15 años de antigüedad: seis meses.
• Entre 15 y 30 años de antigüedad: nueve meses.
• Más de 30 años de antigüedad: doce meses.

Nuevas indemnizaciones

Durante el período mencionado, los empleados recibirán un importe mensual equivalente a su retribución escalafonaria “con exclusión de todo otro concepto remunerativo o no remunerativo”. Así, para el cálculo de la indemnización, se tendrán en cuenta las retribuciones percibidas hasta el despido.

Además, “se computarán los servicios no simultáneos prestados como personal permanente en la Administración Pública Nacional, hasta el momento de notificación del pase”. Esto excluye a “aquellos que hayan generado con anterioridad una indemnización por medidas de reestructuración, retiro voluntario, despido o similar, y los que no percibieron indemnización”.

Enfermedad, maternidad y/o accidente

Por otra parte, se estableció que los empleados que cursen una licencia por enfermedad, maternidad y/o accidente no podrán pasar a disponibilidad. Por su lado, aquellos trabajadores que estén próximos a jubilarse –en un período máximo de doce meses- serán reubicados de manera transitoria hasta que se resuelva su situación.

Puntaje y sanciones

Por último, se destaca que el Gobierno implementó un sistema de puntaje y sanciones para los empleados que incumplan sus funciones. Se incluyen infracciones como llegadas tarde, incumplimiento del horario fijado, inasistencias y condenas judiciales. Este punto busca que se garantice el cumplimiento de las responsabilidades laborales.