Aumentos de luz y gas: especialistas proponen una segmentación tarifaria
Días atrás, el Gobierno autorizó los próximos aumentos en las tarifas. Así, teniendo en cuenta el bolsillo de los consumidores, el precio estabilizado de la energía determinado por la Secretaría de Energía de la Nación subirá un 17 por ciento promedio, mientras que será de hasta 20 para el consumo residencial de gas y de hasta 15 para las PyMEs.
"Entendemos que, hasta ahora, es de bajo impacto en el bolsillo de los consumidores”, señaló Boada, sobre la suba.
En ese sentido, hace más de un mes, comenzaron las audiencias públicas para analizar el esquema tarifario para la electricidad y el gas para el 2022 y el 2023, con el fin de aplicar un criterio de segmentación que no supere los salarios. De esta forma, se contemplarán categorías como la de usuarios de acuerdo al Coeficiente de Variación Salarial. En dialogo con El1 Digital, el titular de Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, se refirió al encarecimiento y aseguró que “es moderado”. “No es el aumento que querían las empresas ni es el cero que queríamos nosotros. Entendemos que, hasta ahora, es de bajo impacto en el bolsillo de los consumidores”, sostuvo.
Además, habló de la suba en las tarifas de luz, por las que se estima un número similar al del gas: “En el documento que presentamos la Comisión de Usuarios del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), decimos que, si bien no es bueno que haya aumento, un nueve por ciento, el año pasado, en el 21,9 es de baja incidencia en los usuarios y consumidores”.
Por otro lado, remarcó que “la situación no está para generar aumentos en las tarifas”, por lo que sugirió “explorar el tema de la segmentación, no basada en un método de zonificación, sino en un socioambiental, un estudio mucho más profundo que implica sectores que paguen la tarifa plena, otros con tarifa social y otros con un abanico”. “El tema de la segmentación, hasta ahora, no se ha encaminado, pero hay que tener en cuenta que hay distintas situaciones según cada persona”, remarcó, y precisó sobre la propuesta: “La idea es que sea a través del ENRE. Que la persona se presente, muestre su documentación y diga que no está en condiciones de pagar y por qué motivos”.
En ese sentido, subrayó: “Creo que se debe aplicar una tarifa social como la de AySA, donde se realiza un informe socioambiental que tiene en cuenta distintos factores, como quiénes viven en la propiedad, si hay menores o personas con enfermedades crónicas o discapacidades, cuáles son los ingresos en el grupo conviviente y cuál es el nivel de gastos”. “Se trata de una base de parámetros para calcular el descuento de la tarifa social. Es lo más complejo, pero, también, lo más justo”, afirmó, y concluyó al respecto: “Me parece razonable la medida del ENRE de quitarle el subsidio a más de 900 empresas, como bancos, casinos y bingos”.
La situación en las PyMEs locales
Por su parte, el vicepresidente de la Unión Industrial de La Matanza, José Batista, señaló a este medio que no estuvo de acuerdo con el incremento en las tarifas, aunque reconoció que podría ser mayor: “Los que más energía utilizan se van a ver más perjudicados. Por ejemplo, hay empresas que se volcaron a la energía eléctrica porque tenían inconvenientes con el gas”.
“Nosotros teníamos muchísimo consumo de gas, cosa que tuvimos que ir modificando para que la mayoría de los lugares pasaran a ser eléctricos, por lo que, desde ese momento, dependemos más de la energía eléctrica”, expresó, y añadió: “La transformación fue por el incremento de las tarifas y por los cortes”. Además, en lo que concierne específicamente al sector que representa, Batista señaló que “en relación al menor aumento para las PyMEs, de hasta un 15 por ciento, si se trata de un aumento pequeño, las empresas lo pueden absorber”. No obstante, remarcó: “Acá, se necesita regulación para un control de los aumentos”.
