Usuarios y consumidores: por qué no hay nada para festejar en la gestión de Milei
En el marco de un nuevo Día Internacional de los Derechos de los Consumidores, el exdirector nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo, Adrián Ganino, habló con Radio Universidad sobre las resoluciones del Gobierno que afectaron al sector. Qué rubros se vieron más complicados con la desregulación de la economía.
Por Adrián Ganino*
Cada 15 de marzo se conmemora el Día Internacional de los Derechos de los Consumidores. Este día tiene su origen en un discurso del presidente norteamericano John Kennedy, en 1962, ante el Parlamento de Estados Unidos. Ahí, se hizo referencia a los derechos de los usuarios y consumidores, precisamente, los más vulnerables. Por eso, las políticas públicas deben tender a proteger a este colectivo.
En lo que va de Gobierno de Javier Milei, los usuarios y consumidores no tenemos nada por festejar. En orden cronológico, vemos que, a través del primer decreto del Gobierno, la Ley Bases, desreguló el comercio, donde obviamente están los precios.
Por ejemplo, se derogaron normativas de la ley Nacional de Medicina Prepaga. Entre ellas, la que establecía que la autoridad de aplicación, a través del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Servicios de la Salud, tenían que autorizar estos aumentos, antes de que las empresas definan los costos.
Este decreto, además, derogó leyes como la Ley de Góndolas y el Observatorio de Precios. Hacia marzo pasado, se derogaron 69 normativas de regulación del mercado que tenían el foco en la protección de los derechos de los consumidores. Y, en febrero, el decreto 55/2025 disolvió el sistema de conciliación previa de consumo a nivel nacional, que estaba vigente desde 2014.
Estamos en una situación compleja los usuarios y consumidores. Esto nos tiene que llevar a pensar que no hay nada positivo desde las políticas nacionales. La provincia de Buenos Aires y algunos municipios deben tener una intervención para equilibrar esta desigualdad.
Como consumidor, en cualquier parte del país, se podía iniciar un reclamo contra cualquier empresa del país. Y, a través de medios electrónicos, tener audiencias conciliatorias con empresas de otros municipios u otras provincias. Esto hablaba de federalismo, de resolución de conflictos a distancia, de gratuidad en los procesos y de un sistema que tenía más de un 60 por ciento de conciliaciones favorables al consumidor.
Esto se regulaba y se habilitaba la instancia judicial sin costos extra. Todo esto es parte de lo que se derogó y puso al consumidor en una situación compleja. Las empresas se ven beneficiadas con esta derogación. Por eso, es un retroceso enorme para los usuarios y consumidores.
*Exdirector nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo
