Menor cobertura de medicamentos de PAMI y privatización de empresas estatales, la otra economía
El director de DEUCO habló del impacto económico que significa para los jubilados la pérdida de la cobertura de varios medicamentos. Además, se refirió a la situación en AySA, una de las empresas estatales que el Gobierno tiene en mente privatizar.
Por Pedro Bussetti*
En agosto, finalizó el beneficio de la gratuidad de 44 monodrogas de medicamentos para jubilados, que se suman a las once que el PAMI ya había eliminado en junio. Esto significa que los jubilados ya no tendrán una gran cantidad de medicamentos de forma gratuita.
Aquel jubilado que quiera tener el cien por ciento de cobertura de estos medicamentos tendrá que hacer un trámite en el PAMI, en el que justifique que necesita ese remedio. Además, tendrá que demostrar que gana, como máximo, hasta un haber jubilatorio mínimo y medio, es decir, 330.000 pesos. Si el jubilado percibe más dinero, no recibe el beneficio.
Hay una restricción y una quita de un beneficio, que compensaba la baja remuneración de los haberes jubilatorios. Si un jubilado recibe tres, cuatro o más medicamentos gratis del PAMI, hablamos de unos 50.000 pesos. Este monto se sumaba al haber mínimo.
Esta decisión del Gobierno es para hacer un ahorro económico. Pero, luego, el Estado gasta 194.000 millones de pesos en pagar los retiros voluntarios del Correo Argentino, de Aerolíneas Argentinas y de AySA. Esto por la decisión del Gobierno de privatizar estas tres empresas y servicios tan importantes y estratégicos.
Una de las acciones en AySA es el cierre de las oficinas de atención al público. En La Matanza, teníamos cuatro oficinas de atención al público de AySA, en San Justo, Ramos Mejía, Ciudad Evita y González Catán. De las cuatro, queda únicamente la oficina de Ramos Mejía, sobre la calle Azcuénaga, ya que la manzana es propiedad de AySA. A eso se suman los cierres de oficinas de la empresa en Presidente Perón, Ezeiza, Esteban Echeverría, Moreno, Florencio Varela, Tigre, San Miguel, Escobar, Pilar, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, Merlo, Morón y Tres de Febrero.
Estos cierres tienen que ver con la decisión de incorporar a una empresa privada, a la que se le libera el trabajo sucio de los retiros voluntarios y los despidos, y se entrega saneada económicamente para hacer negocios. A esto se suma que no tendrá la obligación de hacer inversiones ni la expansión del servicio. Para que el negocio sea redondo, se aumentaron las tarifas un 209 por ciento, en abril. Y se irán actualizando mensualmente. Todo esto para que la empresa tenga una situación económica financiera rentable.
*Titular de Defensa de Usuarios y Consumidores
