La inflación entra de lleno en la agenda política

“El viernes, comienza la guerra contra la inflación en la Argentina”. Esas fueron las palabras que utilizó el Presidente Alberto Fernández durante una actividad que tuvo lugar en el partido de Malvinas Argentinas. Ese mismo martes, se conoció que la inflación de febrero fue de 4,7 por ciento. Es la cifra más alta desde marzo de 2021. Del informe, se desprende que los alimentos aumentaron 7,5 por ciento. A su tiempo, el Gobierno entendió el mensaje por lo que promueve una nueva estructuración luego de la redistribución de recursos que demandó la pandemia.

La inversión en materia de salud, que derivó en una megacampaña de vacunación, sumada a la promoción de programas sociales y productivos, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), buscaron generar una red de contención. A la vez, esta estructura, a la que hay que añadir la prohibición de despidos, permitió una rápida recuperación. Sin embargo, estas variables no se pueden poner sobre la mesa. Y es ahí, en la mesa, donde se registran los principales inconvenientes: en los alimentos. Un pantallazo por los principales reclamos de la calle permite observar que los efectos de la inflación marcan el ritmo de las demandas.

El pasado miércoles, por ejemplo, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) convocó al Consejo del Salario para exigirle al Gobierno nacional un reconocimiento a través de la percepción de un ingreso que sea “acorde” con el trabajo que, desde hace tiempo, desarrolla ese sector.

José Oscari, secretario de Inclusión Social de la UTEP y referente de SOMOS-Barrios de Pie La Matanza, señaló: “Es importante que los trabajadores de la economía popular podamos ingresar, finalmente, a un sueldo mínimo como el que cobra cualquier trabajador en los rangos que ya venimos desarrollando, a través de la producción de alimentos, del trabajo municipal que hacemos de limpiar escuelas, plazas, clubes y diferentes entidades públicas de los barrios”. Cabe recordar, detallaron, que los trabajadores de este rubro “perciben la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil regido por el Gobierno, hoy, en 33.000 pesos”.

Los sindicatos buscan cubrirse Recientemente, ATE llegó a un acuerdo con la gestión bonaerense y negoció un aumento de 40 por ciento. Además, pactó una cláusula que permite que la discusión se reabra de cara al incremento de precios. Respecto a esa preocupación, el secretario general de la ATE local, Miguel Federico, planteó que es algo que el Ejecutivo “tiene que resolver de inmediato”. “El Gobierno tiene que resolver rápidamente esta situación”, insistió.

La economía doméstica tiene años de desgaste: ajuste de la gestión pasada, falta de oxígeno por la pandemia y, ahora, una inflación aguda. Pero el planteo excede al Gobierno. La pregunta para quienes ya se sacan las medidas para el traje de candidatos es: ¿De dónde sacarán fondos para avanzar en los compromisos de campaña? Por otro lado, la principal fuerza opositora se niega a subir retenciones en tiempos de necesidades extremas y ganancias extraordinarias. El problema es, antes que nada, político.