Rafael Castillo: fallo judicial dispuso desalojar un predio y sumó tensión
Se trata del asentamiento conocido como “La Nueva Unión”, ubicado entre las calles Río Cuarto, Polledo y García Merou, y en el cual se instalaron unas “1.000” familias. En el marco de una denuncia por “usurpación de inmueble” el Juzgado de Garantías Nº 3 de La Matanza determinó “la restitución” de los terrenos, unas 80 hectáreas a nombre de la firma “Cerámica Martín SA”.
El jueves pasado, el Juzgado de Garantías Nº 3 de La Matanza, a cargo del magistrado Rubén Norberto Ochipinti, libró una orden de desalojo en el marco de una denuncia por usurpación que pesa sobre el predio de 80 hectáreas ubicado entre las calles Río Cuarto, Polledo y García Merou, lugar donde se instalaron unas “mil” familias del asentamiento conocido como “La Nueva Unión”.
En el lugar ya se registraron enfrentamientos, represión y detenidos, con la Policía Bonaerense y los integrantes de este asentamiento como protagonistas. En esta ocasión, más allá de la apelación judicial, estos vecinos preparan una movilización en el Distrito para el próximo jueves, pero pesa sobre ellos el riesgo de un desalojo que podría caer en cualquier momento.
En el fallo, al que tuvo acceso El1 Digital, el juez Ochipinti resolvió “hacer cesar el estado antijurídico imperante y disponer la restitución del inmueble al Sr. Pablo Martín Lozano, librando orden de lanzamiento y desocupación de los actuales ocupantes del predio (…)”.
En los considerandos del fallo, además, se especifica que Lozano, el denunciante, expuso ser el presidente de la firma “Cerámica Martin S.A.” que resulta “propietaria” del predio en cuestión. Cabe mencionar, además, que el fallo señala que, el 12 de julio pasado, funcionarios de la Subsecretaría de Hábitat provincial y de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio comenzaron a efectuar un censo en el lugar, pero los vecinos se opusieron a que se terminara porque "no habían sido informados" y aseguraron que "tenían un censo propio al que se remitían y consideraban el único válido".
Ante esta situación, los vecinos del asentamiento se encuentran en estado de máxima alerta. En comunicación con El1 Digital, el delegado barrial Luis Cuevas explicó: “Somos un barrio, estamos hace dos años peleando. Hicimos un montón de marchas, exigiendo al Municipio que nos ayude, que nos reconozca como barrio, que no teníamos problema de pagar por el terreno, mientras que fueran cuotas accesibles. Aguantamos muchas agresiones policiales, hicimos marchas por cada una de ellas. Hasta el momento estamos asentadas mil familias, y el Municipio no tiene respuesta para nuestra situación. Por eso, el jueves vamos a marchar, a cortar la Rotonda de San Justo, esperando que el Municipio se pronuncie y que la Cámara rechace la orden de desalojo”.
En relación al censo que no permitieron terminar, Cuevas argumentó: "Esta vez no nos quisimos censar, a raíz de la desconfianza, porque tres veces nos vinieron con papeles truchos. Tampoco traían una identificación que dijera que eran de la Provincia de Buenos Aires. Pasa que a nosotros la policía nos violentó como 15 veces, y también vinieron con papeles. Cuando vinieron a censar, llegaron con un montón de policías, y pensamos que era otro chamuyo".
Por su parte, Jessica Penayo, vecina y colaboradora en los comedores del asentamiento, reconoció: “Los vecinos estamos bastante temerosos de lo que va a pasar, porque en varias oportunidades la policía vino a quemar las casillas, sufrimos amedrentamientos. Las veces anteriores no tenían orden judicial, ahora el temor crece y también la preocupación. Para nosotros no es una opción quedarnos o no. Es una necesidad”.
