“No nos arrebaten la paz social”, pide la Iglesia tras el crimen de Orellana y otros hechos violentos en el Conurbano bonaerense

En medio de distintos hechos de violencia que convulsionaron a la Provincia en las últimas semanas -entre ellos, el asesinato de Rodolfo Orellana-, la Iglesia Católica, a través de un comunicado conjunto firmado por los obispos de San Justo, monseñor Eduardo García, y Lomas de Zamora, Jorge Lugones, le exigió al Gobierno provincial que asegure una “presencia efectiva del Estado” en los territorios más vulnerables para evitar desenlaces trágicos en medio de la crisis social.

“No nos arrebaten la paz social” es el título del comunicado que se dio a conocer en las últimas horas y que comienza con un repaso del trágico motín que se dio en la comisaría de la localidad bonaerense de Transradio, en Esteban Echeverría, y terminó con la muerte de ocho de los detenidos allí alojados. “Es la masacre más grande en la historia de muertos en comisarías. En este caso, había 27 personas detenidas, 17 más de la capacidad de dicha comisaría, más allá de que la misma estaba clausurada por incumplir con las condiciones básicas de seguridad y habitabilidad”, sentencia el texto.

Asimismo, los obispos recordaron que, en marzo, el Juzgado de Garantías Nº 2 de Lomas de Zamora había ordenado el desalojo de los calabozos y el traslado de las personas detenidas en las seccionales con clausura, pero señalaron que, pese a esa situación, la política de hacinamiento continuó. “Este drama es un clamor al cielo que desnuda la situación inhumana en la que viven los presos”, destacaron, al tiempo que recordaron que, hoy, “la superpoblación en las comisarías bonaerenses es de un 290 por ciento, con un excedente de alrededor de 2.900 presos”, del mismo modo que “el hacinamiento, también, es brutal en las unidades penitenciarias”, señalaron.

“Urgimos a los poderes de la provincia de Buenos Aires para que adopten las medidas necesarias en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, con el fin de asegurar que las detenciones y las condenas que se ejecutan en establecimientos sometidos a su jurisdicción no agreguen a la privación de la libertad lesiones a los derechos humanos de los presos”, advirtieron, en alusión a los artículos 18 y 75 de la Constitución Nacional que garantizan que las cárceles deben ser lugares para la reinserción y no para el castigo de los presos.

El comunicado apuntó luego al territorio matancero. Los obispos hablaron de “sucesos de violencia y de inseguridad en La Matanza” al enumerar “el no esclarecido incidente que tuvo como consecuencia la muerte de un militante de la CTEP en Ciudad Evita”, además del "incendio del móvil sanitario” del Organismo Provincial de Integración Social (OPISU) “en el barrio San Petersburgo” y “el asesinato por robo de un vecino de Barrio Sarmiento”, en Villa Celina, “cuando se dirigía a su trabajo en horas de la mañana”.

“Reclamamos la presencia efectiva del Estado que no haga de estos lugares tierras de nadie, donde gobierna la marginalidad y la droga bajo la complicidad de ciertos sectores de la seguridad”, plantearon al respecto los obispos García y Lugones.

“Toda esta situación confirma las palabras del Papa Francisco: vivimos en la cultura del descarte que afecta a tantas personas excluidas, a quienes se considera desechables”, cerró el comunicado.

Cabe recordar que, la semana pasada, el titular del Obispado de San Justo ya había advertido, en diálogo con El1 Digital, que “estamos sufriendo un neoliberalismo arrasador”. “Ante tantas promesas, llega el momento de cumplir con alguna y de poner la verdad arriba de la mesa porque de los discursos, estamos todos cansados”, había planteado García, en alusión al escenario electoral que se abre de cara a 2019.