Lucas Marisi: “Si intentan despegar desde El Palomar, cometerán un delito”

Tras la visita del ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y los intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, y de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, a las instalaciones de lo que será la terminal de las nuevas aerolíneas low cost en El Palomar, Lucas Marisi, el abogado que lidera las demandas contra el “aeropuerto trucho” en la Base Aérea, ratificó el rechazo regional a su funcionamiento y los impedimentos judiciales que existen para los vuelos comerciales en el lugar.

En el programa Después vemos, de Radio Universidad, Marisi explicó en qué estado se encuentra la construcción de la terminal para las low cost, en vista de la fotografías difundidas con motivo de la visita de los funcionarios nacional y municipales. 

“Efectivamente, desde el Gobierno no han hecho otra cosa que seguir avanzando a paso redoblado, construyendo día y noche, y han avanzado a pesar de que hay una medida judicial y cautelar, del mismo que antes de que estuviera la medida cautelar, para poner en funcionamiento en ´aeropuerto trucho´ en una base militar”, confirmó.

Sin embargo, aclaró que “han realizado y terminado ciertas obras en la fachada principal de la Primera Brigada de El Palomar. Eso es la una construcción de un chalet que viene a ser la terminal donde entrarían los futuros pasajeros. Pero ya existía esta terminal/chalet, sola la acondicionaron”. “Es una casita propia de un aeropuerto trucho/berreta, para no decir low cost, con durlock y cintas transportadoras para las valijas usadas, una de un tamaño y otra de otro, que se ve que las manotearon de algún otro aeropuerto. Es berreta berreta, trucho trucho”, remarcó.

“Esa construcción de durlock, prefabricada, está prácticamente concluida. Pero, del mismo modo que lo hicieron a paso redoblado, van a tener que volverlo a su estado anterior, porque este sector era el menos indicado para modificar, ya que era sitio de la memoria y, en algún momento, van a tener que parar las obras para volver a la construcción originaria. Y a la fachada que desguazaron la van a tener que volver a construir como era antes”, advirtió el abogado.

Día D: ¿Podrán despegar vuelos el 9 de febrero?
Ante la mayor incertidumbre que plantea esta controversia, si, efectivamente, los vuelos podrán partir desde El Palomar el próximo viernes, Maris puntualizó: “La medida cautelar está vigente y ordena expresamente que no pueden comenzar los vuelos. El CEO de Flaybondi se presentó a notificarse el 22 de enero en el Juzgado Federal de San Martín y dijo que la iba a cumplir y no iba a apelar. El mismo dijo que ellos podían empezar a operar desde Aeroparque o Ezeiza porque había lugar, lo manifestó ante el juzgado”.

“Si el viernes intentan despegar o aterrizar un vuelo comercial, cometerán el delito de desobediencia judicial y si son funcionarios serán pasibles de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, entre otros. Nosotros nos vamos a ocupar de seguir movilizados, manejándonos con la Ley en la mano y la Constitución bajo el otro, en el marco del estado de derecho”, se plantó, y fue más allá: “Seguiremos actuando ante la justicia y haciendo las denuncias correspondientes y, si es necesario, ante los organismos internacionales”.

“Es un verdadero genocidio ambiental el que están haciendo en El Palomar, en el marco de un negociado. Y si los jueces no sienten la presión de la gente reclamándoles que cumplan su función, entonces, nosotros nos vamos a ocupar de estar en la calle. No les vamos a permitir que firmen cualquier cosa y nos arruinen la vida”, ratificó el vecino de Hurlingham, quien advirtió: “Si no tenemos justicia en lo inmediato nos vamos a ocupar de que la condena social la tengan. No les vamos a permitir que nos arruinen la vida”.

Por otra parte, el representante de los vecinos de Hurlingham, Morón y Tres de Febrero, recordó que el jueves 1 se realizará una nueva marcha, a las 19, desde la Estación de El Palomar hasta la Base Aérea para asentar el reclamo que ya es “un tema interjuridiccional, porque hay cinco municipios afectados”.