Barcesat: “El decreto de Macri es un golpe de Estado institucional que quebranta la Constitución”
El reconocido abogado constitucionalista cuestionó el DNU lanzado por el Presidente, que incluye 192 medidas para “reestructurar el Estado”. “Es un decreto inmundo”, disparó.
En diálogo con Después vemos, por Radio Universidad, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat lanzó duras críticas contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) promovido por Mauricio Macri.
Barcesat señaló que la medida constituye “un golpe de estado institucional porque quebranta el deber de obediencia a la supremacía de la Constitucional Nacional”. “El tema es la institucionalidad. La Constitución dice que el Poder Ejecutivo solo podrá asumir funciones legislativas cuando medien razones de necesidad y urgencia”, explicó.
En esa línea, apuntó que “el Congreso está funcionando y está en sesiones extraordinarias y no hay ninguna de las 192 medidas que cambiaría la historia”, por lo cual consideró que la intención es “evitar el debate y no querer pagar el costo político” por las medidas anunciadas.
“Si esto lo vamos a convertir en que vale todo y hay un unicato en Argentina, con un solo poder que usurpa las potestades del Congreso y, también, dice qué deben hacer los jueces, entonces que Macri se declare cacique supremo de la Nación”, ironizó.
El letrado aseguró que esta situación “no es compatible con el sistema institucional argentino” porque “este decreto inmundo deroga 19 leyes e introduce 25 modificaciones, al menos en la contabilidad primaria”. “Esto no se puede hacer por la vía de un decreto. Esto es suprimir la división de poderes y el Estado de derecho. Es un hecho gravísimo porque, si eso se cae, ya no estamos viviendo en democracia”, disparó.
Asimismo, denunció que la intención de fondo de esta iniciativa “es achicar el Estado para agrandar el negocio”. Y ejemplificó: “Hay una pretensión de apropiarse y convertir en negocio privado el llamado Campo los Andes, un territorio del ejército ubicado en la zona fronteriza con chile. Rifamos la propiedad pública para un emprendimiento privado”.
“Este tipo de decretos son para poder entregar más rápido y más fácilmente los recursos y riquezas naturales de la Argentina. Se necesita una respuesta inmediata y categórica del Congreso respecto de este malhadado decreto”, continuó.
En tanto, sostuvo que, también, la Justicia debería avanzar en este tema. “En la rama penal, por la violación de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Y el juez contencioso administrativo debería dictar, por lo menos, una medida suspensiva para que el Gobierno explique por qué no envía el proyecto al Congreso”, finalizó.
