Por una educación superior libre de racismo y discriminación
Una investigación reciente realizada por un científico del CONICET da cuenta de los desafíos estructurales que afectan el acceso de jóvenes y adultos indígenas y afrodescendientes a este nivel educativo en el país.
Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en 2010, el total de la población ascendía a 39.671.131 habitantes. De esta cifra, el grupo poblacional que se autorreconocía como indígena totalizaba 955.032 personas, mientras que 149.493 habitantes se identificaban como afrodescendientes. Pero ¿cuáles son las dificultades que afrontaron, y continúan afrontando, los miembros de estas comunidades? ¿Sus derechos de provisión y acceso a la educación inclusiva se encuentran realmente garantizados?
Daniel Mato, investigador principal del CONICET en el Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados (CIEA, Universidad Nacional de Tres de Febrero), publicó recientemente un estudio en el que analiza “los desafíos estructurales que afectan el acceso y la provisión de una educación superior inclusiva, equitativa y de calidad para jóvenes y adultos indígenas y afrodescendientes en Argentina”.
La investigación, cuya información y datos sienta bases para la confección del informe GEM 2020 para América Latina y el Caribe, fue encargada por el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El estudio incluyó investigación documental y entrevistas a estudiantes, docentes, referentes y autoridades de universidades nacionales.
El acceso a la educación
Una de las mayores dificultades en el acceso a la educación, señalada en el reporte, es la que se relaciona con la negación de las diferencias y particularidades: “En el sistema de educación superior argentino el racismo no solo se expresa en hechos de discriminación racial, sino también en la ausencia de los conocimientos, lenguas, historias, visiones del mundo y valores de pueblos indígenas y afrodescendientes, en los planes de estudio de prácticamente todas las carreras”, afirma Mato. Estas exclusiones contravienen lo dispuesto en los instrumentos internacionales, “cuya vigencia en el país está expresamente reconocida en la Constitución Nacional en el art. 75, inc. 22”, sostiene el autor.
Desde los comienzos, el Estado argentino estableció políticas educativas y culturales que promovieron “representaciones homogeneizantes de la población”. Según el investigador, este carácter monocultural de la educación superior incide consecuentemente en la formación de profesionales de todos los campos del saber, inclusive en docentes que reproducen ideologías y prácticas de discriminación. La naturalización de las diferencias y particularidades descritas por el estudio se traduce incluso en una deficiencia en la generación de datos censales, lo que además causa mayores dificultades en el diseño políticas públicas de calidad.
Asegurar la diversidad cultural
“Si bien el racismo no afecta solo a personas y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes, numerosas publicaciones permiten afirmar que les perjudican especialmente y de muy diversas formas”, declara Mato. Y agrega: “La educación superior tiene importante responsabilidad en este problema, así como grandes posibilidades de contribuir a revertirlo”.
El científico sostiene que es necesario apostar por una modificación de la Ley de Educación Superior que incorpore las recomendaciones de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRES), celebrada en Córdoba en junio de 2018, y que se encuentran orientadas a “interculturalizar” la educación superior, erradicar el racismo, garantizar los derechos educativos de estos y otros grupos de población históricamente discriminados, incorporar sus cosmovisiones, valores, conocimientos, saberes, lenguas, formas de aprendizaje y modos de producción de conocimiento y reconocer sus instituciones de educación superior propias.
Asimismo, Mato destaca la importancia de incluir disposiciones que promuevan la participación de personas de pueblos indígenas y afrodescendientes en tanto estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y autoridades de instituciones. “Sin normativas y políticas de promoción al respecto, no será posible revertir las inequidades y exclusiones construidas durante siglos”, concluye el investigador.
