Kicillof recibió a los intendentes que reclamaron por las tomas de tierras: "Son ilegales y producen situaciones injustas" 

La reunión ya estaba pautada, pero los intendentes forzaron un gesto político. Mientras la discusión por la toma de tierras empezó a escalar en la agenda pública, y ante un discurso oficial que mostró fisuras, 14 intendentes peronistas de la poderosa Tercera Sección Electoral de la Provincia -que nuclea a los municipios con mayor cantidad de habitantes, con La Matanza liderando por lejos- salieron a pedir el miércoles a la noche que el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, los reciba para "coordinar acciones en conjunto". El encuentro se concretó en la mañana del jueves, cuando nueve intendentes fueron recibidos por el mandatario provincial, en La Plata, en una reunión que se extendió por casi tres horas y tras la cual se conformó una "mesa de gestión" conjunta. El matancero Fernando Espinoza no participó. 

Si bien el cónclave ya estaba en agenda, como el propio Gobernador había adelantado el lunes, el comunicado de los alcaldes del Frente de Todos habilitó una segunda lectura: ante la presión de los jefes territoriales, la Provincia tuvo que tomar las riendas del problema. "Las usurpaciones no solo son ilegales, sino que, además, producen situaciones injustas", dijo Kicillof tras el encuentro. A principios de la semana, cuando se había referido por primera vez al tema, la lectura había sido un tanto diferente: el Gobernador había remarcado que hay una "necesidad" que "es innegable" para acceder a viviendas dignas y considerado que "tiene que haber una respuesta del Estado" para paliar el déficit habitacional, sin referirse a la afectación de la propiedad privada. 

Los intendentes que llegaron hasta la sede de la Gobernación fueron los que atraviesan situaciones más complicadas por las usurpaciones, por lo que llamó la atención la ausencia de Espinoza. A Blanca Cantero, de Presidente Perón -anfitriona de la reunión que culminó con el comunicado conjunto del miércoles porque es quien enfrenta "la toma más grande de la Provincia", con 3.000 personas ocupando unas 120 hectáreas de Guernica-, se sumaron Mayra Mendoza, de Quilmes; Jorge Ferraresi, de Avellaneda; Andrés Watson, de Florencio Varela; Juan José Mussi, de Berazategui; Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas; Nicolás Mantegazza, de San Vicente; Fabián Cagliardi, de Berisso; y Juan Andreotti, de San Fernando. 

Según explicaron desde la Gobernación mediante un comunicado, allí se repasó "la situación en el Conurbano en donde, como viene sucediendo en los últimos años, pero con menor grado de intensidad, se han producido tomas de tierras y usurpaciones ilegales". "Esta problemática estructural de falta de vivienda en la provincia de Buenos Aires se ha agravado fuertemente durante los últimos cuatro años", destacaron en La Plata. 

“Las usurpaciones no solo son ilegales, sino que, además, producen situaciones injustas. Sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene un enorme déficit habitacional, pero no se soluciona con intrusiones ilegales”, dijo Kicillof, y defendió que "el Ministerio de Seguridad viene actuando incansablemente para evitar nuevas tomas". El titular de esa cartera, Sergio Berni, quien también estuvo en el encuentro, había detallado horas antes que, en lo que va del año, se desalojaron "868 tomas" en territorio bonaerense. "Necesitamos, además, que la Justicia haga su trabajo con quienes incentivan las ocupaciones y se abusan de las necesidades de la gente”, se plegó el Gobernador al discurso que habían puesto en escena los intendentes de la Tercera Sección.

Como resultado del encuentro, la Provincia aseguró que "se estableció un plan de acción que consta del establecimiento de una mesa de trabajo conjunta entre la Provincia y los municipios del AMBA" para "dar un abordaje integral a la problemática, con acciones de carácter coyuntural y estructural". Para eso, se estableció un sistema de “alerta temprana” entre los municipios, la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Gobierno, Seguridad y Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, mientras que la cartera de Desarrollo de la Comunidad que conduce Andrés Larroque "se encargará de la asistencia a las poblaciones vulnerables que sufren del déficit habitacional", según explicaron.

"En relación con las políticas estructurales, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos anunció la puesta en marcha, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, de un plan de 8.000 viviendas", a concretarse entre este año y el que viene. En concreto, "se reiniciarán 5.700 viviendas cuya construcción había sido interrumpida por la gestión anterior y se construirán 2.300 nuevas, con financiamiento nacional y provincial", agregaron. En tanto, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana llevará a cabo un plan de urbanización de barrios populares en catorce distritos bonaerenses. "Es el Estado el que tiene que dar una solución de fondo a esta problemática", remarcó Kicillof. 

El problema en el Partido
En La Matanza, la situación de las tomas -una problemática que siempre estuvo presente en el pulso diario del distrito más grande de la Provincia- empezó a agravarse a mediados de julio y se intensificó a partir de agosto. "Sabemos que hay gente que tiene necesidades, pero también hay otras intencionalidades. No es casual que, en menos de cinco días, hayamos tenido ocho tomas. El 90 por ciento no son espontáneas ni surgen de vecinos con necesidades", le dijo a El1 Digital uno de los funcionarios del gabinete de Espinoza que viene lidiando con la problemática en el día a día. 

"Está fogoneado. Le venimos dando intervención a la Justicia y, en otros casos, mediamos para bajar el nivel de conflictividad. La posición del Municipio es no aceptar ninguna toma, pero sí, el reclamo y el pedido ante las necesidades habitacionales, a las que podremos atender cuando tengamos posibilidades serias y claras de dar una respuesta", agregó el mismo integrante del Ejecutivo.

Más temprano, Espinoza se había pronunciado públicamente sobre el tema por primera vez y, en línea con el comunicado conjunto que había firmado con los otros trece intendentes que formaron parte de la reunión del miércoles en Presidente Perón, reclamó que "la Justicia intervenga para hacer cumplir la ley frente a los inescrupulosos que hacen de la desigualdad un negocio".

"Recibimos un país destrozado económicamente durante cuatro años, con un crecimiento enorme de la pobreza y el desempleo, sumado a la falta de inversión en infraestructura pública del gobierno de (María Eugenia) Vidal. El ecosistema perfecto para que se generen estas problemáticas", analizó sobre la coyuntura heredada, y definió que el tema de las tomas es de una "altísima conflictividad interna y externa". "No se puede avalar el delito ni criminalizar la pobreza", remarcó, y apuntó que, en la multiplicación de las usurpaciones, "confluyen necesidades reales agravadas por la situación económica de la pandemia, negocios espurios de grupos delictivos y el aprovechamiento de situaciones extremas".

"Las fuerzas de seguridad tienen la potestad para impedir que se concrete un acto ilegal, como es la usurpación. La Justicia debe ser el medio para poner fin a esa situación si ya se ha concretado. Y la justicia social es el camino efectivo para evitar estos conflictos", sintetizó sobre todas las aristas que confluyen en una problemática que siempre instala nuevos debates.