Con diferentes posturas, funcionarios nacionales y provinciales coincidieron en remarcar la ilegalidad de la toma de tierras

Agravados por la crisis generada por la pandemia coronavirus, los conflictos habitacionales que sufre históricamente el país en los grandes conglomerados urbanos del país volvieron a tener un papel preponderante en la esfera política y social debido al estallido de tomas en varios predios que la gente decidió ocupar y empezar a lotear. Por estos días, el Conurbano bonaerense es uno de los lugares donde la problemática se desarrolla con mayor intensidad debido a la aparición de focos en distintos puntos de distritos como La Matanza, Quilmes, La Plata, Moreno, San Fernando, San Martín y Florencio Varela. En estos lugares, que concentran la mayor población del país, la lógica se repite y genera preocupación en las autoridades, tanto locales como bonaerenses y nacionales.

Al interior de las carteras de Seguridad, las diferencias entre las opiniones entre la ministra nacional, Sabrina Frederic, y su par provincial, Sergio Berni -que parecían haber quedo saldadas tras un cónclave ocurrido meses atrás en el centro de operaciones que la fuerza bonaerense tiene en La Matanza-, volvieron a quedar expuestas con la multiplicación de las tomas de tierra. En este punto, y contrariamente a la postura del propio Gobernador Axel Kicillof, Berni fue tajante al sostener que aplicará “mano dura” contra estas acciones que “son un delito” y destacar que “el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada son innegociables”. La idea fue reforzada a través de un spot difundido en redes en el que hizo un repaso sobre la cantidad de procedimientos realizados frente a esta problemática. “En lo que va del año 2020, desalojamos 868 tomas de terrenos y fueron presas 524 personas. Seguimos firmes”, precisó en el marco del video.

Lejos de esta postura se encuentra la de la titular de la cartera de Seguridad nacional, quien en el mediodía de este jueves, en el marco de una conferencia de prensa que brindó junto a autoridades de YPF y de la AFIP para informar sobre un operativo de robo de combustibles, si bien aseguró que la ocupación de tierras “son ilegales porque la ley las prohíbe” dejó ver que su visión del asunto es algo más contemplativa. En este eje, Frederic reconoció la preocupación del Gobierno nacional por “estos hechos de usurpación que se vienen dando” y destacó que “se está trabajando para que esta situación se pueda prevenir de manera planificada”. Además, indicó que el área a su cargo está “a disposición de lo que la Justicia ordene en cada una de las situaciones”.

“Las tomas de tierras son ilegales, la ley las prohíbe. Justamente por eso, es la Justicia la primera que interviene en estos hechos y es la que toma la decisión de que las fuerzas, ya sean federales o provinciales dependiendo la jurisdicción, realicen determinadas acciones de custodia o desalojo” de los predios involucrados. Al mismo tiempo, sin intenciones de entrar en discusiones sobre la visión de su par de la Provincia, la funcionaria consideró que “hoy gobierna una coalición (Frente de Todos) y eso implica la participación de sectores que tienen diferencias y esas son cuestiones que suman”. “En nuestro caso en particular, desde hace un mes y medio hemos avanzado en un nueva fase de apoyo en seguridad de la Provincia y, hasta el momento, ha sido exitosa en términos de la coordinación que hemos logrado. Esas diferencias no han incidido en lo más importante, que es darle seguridad a la población”, manifestó.

Por último, Frederic aseguró que “no todas” las personas que realizan las tomas “sufren de necesidades habitacionales” y dio a entender, al igual que los intendentes de la Tercera Sección Electoral, que detrás de la problemática real hay ciertos intereses políticos de que esta situación ocurra. De esta manera, la ministra dejó en claro que la toma de tierras “no es la forma de resolver el problema” y destacó que el Gobierno de Alberto Fernández “está tratando de resolver muchos problemas en medio de una pandemia, y todo se hace más difícil porque hay muchas áreas del Estado que están muy comprometidas en asistir la emergencia”. A su vez, destacó que el Ministerio de Hábitat y Vivienda, conducido por María Eugenia Bielsa, “está trabajando para que esta situación se pueda prevenir de manera planificada”.

Quien también se expresó al respecto fue el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que, en declaraciones radiales dejó en claro que “no se puede tomar ni promover la toma de tierras porque es un hecho delictivo”. En este sentido, señaló que “es evidente que hay una crisis habitacional”, pero que, en ese marco, “se producen fenómenos de todo tipo”. “Yo he recorrido mucho la toma de tierras. Es cierto que existe una profunda crisis habitacional y gente con necesidades de acceder a una vivienda”, reconoció el ministro, y recordó que existen “4.400 barrios donde viven cuatro millones de argentinos que están hacinados y no tienen agua ni servicios básicos”. “Pero también, en algunos casos, hay por detrás negocios inmobiliarios y esto se da todo junto y a la vez”, analizó el funcionario.

Finalmente, Arroyo destacó que “la salida es la urbanización” de todos estos barrios y ponderó los programas nacionales, a los que adhieren las provincias, como Potenciar Trabajo, que apuntan a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los barrios populares tanto del Conurbano bonaerense como de todo el país.