Cierre de la AFIP: ¿qué cambia y qué pasará con el monotributo?

El Gobierno anunció la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que será sustituida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La decisión tiene por objetivo aplicar un recorte significativo en los cargos, tanto superiores como inferiores, reducir los costos operativos del Estado y mejorar la eficiencia.

Según informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el nuevo organismo estará a cargo de Florencia Misrahi, que estará secundada por Andrés Vázquez en la DGI y por José Velis en la DGA. Entre los principales cambios, se eliminará el 34 por ciento de los cargos públicos de la entidad, lo que supone un recorte de 6.400 millones de pesos al año, afirman.

Además, se suprimirá la Cuenta de Jerarquización para reducir los salarios de las autoridades superiores, que, “ahora, van a pasar a cobrar sueldos equivalentes o equiparables a los que cobran ministros o secretarios de Estado”. Adorni consideró que los honorarios pasarían a ser de tres millones de pesos mensuales, en lugar de 34, para la titular, y de 17, para los directores.

Monotributo y fiscalización

Más allá del 34 por ciento del plantel total del organismo que el Gobierno tiene decidido echar y la reducción de los costos operativos, una de las principales dudas radica en el funcionamiento del monotributo. Hasta el momento, no se anunciaron cambios en su ejecución, por lo que la recaudación de los impuestos, incluido el régimen simplificado, seguirá bajo la misma órbita.

No obstante, no se descarta que pueda haber ajustes en las escalas y las cuotas ya que el Gobierno comenzó un proceso de implementación de reformas que simplifiquen la administración fiscal y actualicen los parámetros de facturación. Esto debido a los desfases generados en los últimos años por los altísimos índices de inflación.

Por último, en los próximos días, la ARCA podría adoptar nuevas herramientas de control y fiscalización con el fin de garantizar el cumplimiento tributario, manteniendo los beneficios de la moratoria para deudores del régimen simplificado. La decisión generó posturas encontradas en el arco político.