Tarifazos: la Justicia aceptó un amparo y en La Matanza no se podrán cortar los servicios de luz, gas y agua por falta de pago

El Municipio de La Matanza anunció que el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº 1, a cargo del juez Federico José Gallo Quintian, ordenó a las empresas prestatarias de servicios de luz, gas y agua cumplir, en todo el territorio matancero, una medida cautelar que impide efectuar cortes de servicio por falta de pago hasta tanto se resuelva fijar tarifas accesibles.

Cabe recordar que, a partir de los aumentos en las facturas de servicios, creció el reclamo de la comunidad, expresado en las multitudinarias asambleas llevadas a cabo por la Multisectorial de La Matanza, en las que curas, pastores evangélicos, docentes, empresarios, trabajadores, comerciantes, entidades de defensa del consumidor y profesionales, junto con el Municipio, coordinaron la presentación judicial para oponerse a “estas políticas violentas que empobrecen a la mayoría de la población y atentan directamente sobre el aparato productivo y el nivel de actividad”.

De esta manera, el amparo para proteger a las familias, parroquias, templos evangélicos, comercios, clubes de barrio, empresas, jubilados, trabajadores y profesionales de La Matanza, fue presentado por el intendente Fernando Espinoza junto con entidades de defensa del consumidor y fuerzas vivas del Distrito. Finalmente, la presentación obtuvo el respaldo de la Justicia, que lo transformó en una medida cautelar.

Asimismo, en junio pasado, tanto la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires Verónica Magario como el intendente Fernando Espinoza ratificaron la decisión de presentar un amparo judicial para frenar los incrementos en los servicios esenciales, debido a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

“Pobreza energética” y cuestión de fondo

Desde el Municipio mencionaron que  los sucesivos “tarifazos” dispuestos a lo largo del año por las empresas energéticas y de agua, con el apoyo del gobierno nacional, hicieron que la mayoría de los usuarios cayera en situación de “pobreza energética”. Esto ocurre con las tarifas que insumen más del diez por ciento del ingreso de las familias, con facturas que aumentaron hasta el 1.000 por ciento.

De acuerdo con investigaciones del Conicet y de la UBA, las tarifas de estos servicios púbicos aumentaron en promedio, un 370 por ciento, es decir, cuatro veces más que la inflación.

Ahora, con esta decisión de la Justicia, las empresas prestatarias no podrán cortar el suministro “bajo ninguna circunstancia”, incluida la imposibilidad de pago por los montos exorbitantes que están llegando con las facturas.

Así, el reclamo del Municipio de La Matanza avanza sobre la cuestión de fondo, que consiste en “establecer tarifas acordes con las posibilidades de pago de los usuarios”, muy afectadas por las políticas de recesión y de pérdida de ingresos de la enorme mayoría de la población, lo que se vio reflejado en “un aumento de más de 11 puntos en los índices de pobreza en sólo los primeros seis meses de la presidencia de Milei”.