Tras la multitudinaria marcha, Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario

Pese a la segunda Marcha Federal Universitaria que congregó a miles de personas en la plaza del Congreso de la Nación y las calles aledañas para exigirle al Presidente de la Nación, Javier Milei, que desistiera de su decisión de vetar la Ley de Financiamiento Universitario, finalmente, llegó el comunicado desde Casa Rosada y el Decreto 879/2024. Una vez más, al igual que con la ley de movilidad jubilatoria, la justificación es que atenta contra el equilibrio fiscal pretendido por la gestión de La Libertad Avanza.

En ese sentido, desacreditaron la multitudinaria movilización, al considerarla “una manifestación política”. “Esta administración no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables, ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios”, suscribe el documento que se difundió en la noche de este miércoles, una vez descongestionadas las calles del centro porteño.

“El objetivo del Gobierno es claro: terminar con el modelo empobrecedor de los últimos 100 años y volver a hacer grande a la Argentina”, agregaron. Así, desde la Oficina del Presidente (OPRA), cuestionaron la adhesión de los dirigentes Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió. “Deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política”, criticaron.

"No pueden hacer populismo demagógico"

Además, les plantearon a los legisladores que “es momento de entender que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan impuestos”. “Comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico”, precisaron. “El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025”, completa el texto.

Asimismo, el Gobierno volvió a remarcar que “se vetará cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal”. Sin embargo, el comunicado no descartó “el compromiso (de la administración nacional) con las universidades nacionales”.

En el decreto 879/2024, se añadió que “la actualización salarial conforme a la inflación informada por el Instituto Nacional De Estadística y Censos (INDEC) contemplada en el proyecto de ley evidencia una incongruencia”. “La recomposición y actualización salarial del personal docente y no docente implicaría la utilización del 49 por ciento de la totalidad del presupuesto restante con el que cuenta la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano”, explicaron.

Qué puede hacer el Congreso

Ahora, la Ley regresará a su cámara de orígen (en este caso Diputados) para ser discutida nuevamente. Si se aprueba con las dos terceras partes, pasará a la cámara revisora, o sea el Senado. De este modo, si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Sin embargo, si las cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de este año. Esto es: si la cámara de orígen no alcanza los dos tercios de los votos, se mantiene el veto. Lo mismo sucederá si Diputados cuenta con los dos tercios, pero el Senado no los consigue.

De esta manera, el Gobierno comienza el poroteo. Según pudo trascender, si el Congreso no respalda el veto presidencial, la administración nacional evaluaría judicializar el tema. Cabe recordar que el último 23 de agosto, días antes de que el Presidente firmara el veto a la movilidad jubilatoria, el portavoz presidencial Manuel Adorni había asegurado que “estaba en análisis” ir a la Justicia. Así, se espera que suceda lo propio en este caso.