Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes: el Plan ENIA como respuesta integral e intersectorial
Con esta jornada se reitera la necesidad del acceso a la educación sexual y la orientación necesaria por parte de especialistas. En Argentina, el Plan ENIA redujo los embarazos no planificados a la mitad, pero su futuro es incierto.
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), uno de los elementos que incide de manera significativa en la situación de vulnerabilidad de las adolescentes es el embarazo no planificado. En un nuevo Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, se reiteró la necesidad del acceso a la educación sexual y la orientación necesaria por parte de especialistas.
Factores como la violencia, las barreras de acceso a los servicios, a la información y la consejería, junto con la falta de programas orientados a la educación sexual integral, contribuyen directamente con esta problemática. Como consecuencia, la mortalidad materna se ubica entre las tres primeras causas de muerte en las adolescentes de entre 15 y 19 años.
En el marco de esta fecha, conmemorada en Argentina desde 2003, continúa la lucha por el acceso a medidas e intervenciones eficaces para la prevención de embarazos no deseados.
Plan ENIA
En Argentina, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional (ENIA) plantea una intervención integral e intersectorial sobre la temática a nivel federal. Implementado por primera vez en 2018, no solo se basó en un enfoque de derechos, género y equidad social; también reivindicó el derecho de niños y adolescentes a tomar decisiones informadas en virtud de su autonomía progresiva.
Como resultado, el Plan ENIA previene y ofrece un futuro con mayores oportunidades. No obstante, cinco meses atrás, el Ministerio de Salud de la Nación anunció su rediseño y reestructuración. Así, el presupuesto destinado a la prevención de los embarazos fue el mismo que el de 2023 y los profesionales que brindaban orientación fueron desvinculados.
En este contexto, diversas organizaciones sociales elaboraron el informe titulado “Plan ENIA en riesgo. Razones para sostener una política pública clave para revertir la reproducción intergeneracional de la pobreza” con el objetivo de reivindicar el impacto positivo de esta política pública y alertar sobre su desfinanciamiento.
Abordaje del embarazo no planificado
El documento fue publicado en mayo. Participaron en su confección la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES).
En el informe destacaron que, en 2018, siete de cada diez embarazos adolescentes de entre 15 y 19 años eran no intencionales y que esa cifra aumentaba a ocho de cada diez embarazos en niñas menores de 15 años, la mayoría como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación. Estas estadísticas se redujeron para 2021 gracias a la implementación del Plan ENIA: a cinco de cada diez embarazos en adolescentes de 15 a 19 años y a siete de cada diez niñas menores de 15.
En cinco años de aplicación de esta política pública orientada a la prevención, disminuyó un 50 por ciento el embarazo no intencional en la adolescencia. A pesar de los resultados positivos registrados, el presupuesto 2024 destinado al Plan ENIA presenta una disminución del 73,6 por ciento en términos reales en comparación con 2023.
Consecuencias asociadas al desfinanciamiento
Según el informe “Plan ENIA en riesgo”, el desfinanciamiento representa dos graves consecuencias. En primer lugar, compromete el bienestar y los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, genera pérdidas de ingresos para el Estado y la economía nacional.
Según el UNFPA, su funcionamiento le permite al Estado nacional ahorrar 140 millones de dólares al año, vinculados a la atención de una gestación y el parto de embarazos no intencionales en niñas y adolescentes de diez a 19 años. “Desfinanciar el Plan ENIA no solo pone en peligro la salud y los derechos de niñas, niños y adolescentes e implica un retroceso en la lucha contra la pobreza intergeneracional, la deserción escolar y el acceso a empleos de calidad. También es contraproducente para el desarrollo económico del país”, alertaron.
