El Senado sancionó la ley de teletrabajo y aprobó la reestructuración de deuda bajo ley argentina 

Con 40 votos a favor y 30 en contra, la Cámara de Senadores aprobó este jueves la ley que busca regular la actividad laboral de manera remota, que tomó mayor preponderancia con las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia por el coronavirus. La reglamentación, que se votó tal cual como llegó desde Diputados, tiene como objetivo fijar derechos y obligaciones para quienes mantengan relaciones de trabajo a través de la modalidad virtual, estableciendo presupuesto legales mínimos en aquellas actividades que lo permitan por su naturaleza y características; y garantiza el derecho a la desconexión y a la privacidad de los trabajadores.

El tratamiento del proyecto devenido en ley fue dirigido por la presidenta del Senado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y no estuvo extento de encendidos cruces entre los senadores oficialistas y opositores, lo que se vio reflejado en el marcador final, donde los positivos sumaron las manos de los legisladores del bloque del Frente de Todos y el Frente Renovador de Misiones, y las negativas de los integrantes de Juntos por el Cambio, el Interbloque Parlamentario Federal y del Frente Juntos Somos Río Negro, habitual aliado del oficialismo.

Dentro de los discursos más relevantes a favor del avance de la regulación, se destacó el del presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera, quien precisó que, para el armado final del proyecto, “se escuchó a todos los sectores que componen el diálogo tripartito” y se tuvieron en cuenta “30 proyectos distintos” con “matices, pero muchos puntos en común, que fueron fundamentales para avanzar en los derechos de quienes trabajan en esta modalidad”, que creció debido a la pandemia y a la imposibilidad de los trabajadores de dirigirse a sus lugares de trabajo. En este sentido, sostuvo que la iniciativa “no busca promover el teletrabajo, sino regular una modalidad que, de hecho, se hace en el país”.

Lovera destacó además que la ley de teletrabajo “no burocratiza”, porque “nadie traba a quienes quieren generar empleo”, sino que establece “un marco de respeto a los trabajadores y está dirigido no solo a la mano de obra calificada sino también a quienes están desprotegidos y obligados” a “teletrabajar” debido a las medidas de aislamiento decretadas para evitar la propagación del virus COVID-19 y evitar, como fin último, el colapso del sistema sanitario nacional.

En contraposición a este discurso, el presidente de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, lamentó “la mirada sesgada (del oficialismo) con esta idea de no aceptar cambios” que la enriquezcan, y señaló la existencia de “falta de sentido común”, ya que la aprobación bajo estas condiciones y características "pone un freno a las fuentes de trabajo" y demuestra "una enorme torpeza desde lo político”, consideró. En el mismo sentido, el senador Esteban Bullrich expresó su “frustración y desazón” por “estar reunidos para votar una ley sin cambios” y aseguró que con esta ley “no se garantiza nada” y “genera más incertidumbre por la cerrazón de no querer escuchar”.

La ley aprobada este jueves busca establecer los presupuestos legales mínimos para la regulación de la modalidad de teletrabajo en aquellas actividades productivas que lo permitan por su naturaleza y características, y aclara que los aspectos específicos se establecerán en el marco de las negociaciones colectivas de cada rubro en particular. En este sentido, garantiza que las personas que trabajen bajo esta modalidad gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las que cumplan sus tareas en forma presencial y su remuneración no podrá ser inferior a la que percibían o percibían cuando asistían a sus lugares de trabajo.

En cuanto a la duración de la jornada laboral, establece que deberá ser pactada, previamente y por escrito, en el contrato de trabajo, de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes y que las plataformas y/o sistemas utilizados por el empleador deberán desarrollarse de modo acorde a la jornada laboral, impidiendo su conexión fuera de la misma. Relacionado a esto, menciona el “derecho a la desconexión digital”, es decir la posibilidad de no ser conectados y a desconectarse de los dispositivos digitales fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias para aquellos trabajadores que se desempeñen bajo esta modalidad, sin que sean sancionados.

Ordena, además, que el empleador deberá proporcionar el equipamiento, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas, o compensar a los trabajadores por la utilización de herramientas propias. En tanto, el traslado de quien trabaja en una posición presencial hacia la modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados, debe ser voluntario y el consentimiento debe prestarse por escrito y se puede revertir en cualquier momento de la relación laboral. 

Reestructuración de la deuda bajo legislación local   

En contraste con la tensión generada por la ley de teletrabajo, el Senado aprobó también, por unanimidad, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sobre la reestructuración de deuda bajo legislación argentina y giró la iniciativa a Diputados para su sanción definitiva. Si bien el respaldo surgió tanto del oficialismo como de la oposición, hubo discusiones en torno a las responsabilidades por el crecimiento de la deuda.

Como prenda de consenso, el Frente de Todos aceptó introducir una modificación solicitada por Juntos por el Cambio para incluir la denominada cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), de manera de reconocer a los tenedores de los bonos bajo ley local las mejores condiciones que, eventualmente, pudieran obtener los bonistas en el canje de la deuda emitida bajo la ley internacional, cuya negociación está en pleno desarrollo con los acreedores externos.

El proyecto dispone la reestructuración de la deuda del Estado nacional instrumentada en los títulos públicos denominados en dólares estadounidenses y emitidos bajo ley de la República Argentina mediante una operación de canje. La norma establece que los tenedores de títulos que no adhieran al canje continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021, en el marco del plan que se encuentra vigente.

Entre otras cuestiones, el proyecto destaca que la capacidad de repago de la Argentina "está relacionada tanto con el crecimiento sostenible a largo plazo -condición que, a su vez, depende de la capacidad de la economía de expandir la producción de bienes comerciables-, como con los compromisos que se han asumido en la oferta realizada para la reestructuración de la deuda pública emitida bajo ley extranjera". Es decir, que la posibilidad de llegar a un acuerdo para una negociación sostenible dependerá de cómo se superará la crisis económica que se agravó con la pandemia y del éxito, o no, de la negociación encarada con los bonistas extranjeros. 

"De igual modo, el volumen de deuda y la tasa de interés promedio que surge de la reestructuración, en uno y otro caso, es compatible con el sendero de superávits primarios que se plantean en el escenario, de manera que, en el largo plazo, las relaciones de deuda a producto de la economía se estabilice, garantizando la sostenibilidad", agrega el proyecto en ese sentido. 

De acuerdo al cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el proyecto para la reestructuración de 41.717 millones de dólares en títulos emitidos bajo legislación argentina implica el alivio en pagos por casi 20.000 millones de dólares hasta 2030. Los bonos a reestructurar equivalen al 12,9 por ciento de la deuda total del país y al 12,5 por ciento del PBI, de los cuales, aproximadamente, un 35 por ciento está en manos de tenedores privados y, el resto, corresponde a organismos públicos, como el Banco Nación y el Banco Central. 

Durante el debate político de la iniciativa, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Carlos Caserio, retomó el discurso presidencial al afirmar que  la Argentina "quiere pagar, pero no con el hambre y el sufrimiento de los argentinos”. Y, en cuanto a la negociación de la deuda externa, recordó que el país presentó "su última proposición" a los acreedores, a la que consideró  “generosa y justa” y aseguró tener “la convicción de que será aceptada”.

Del mismo modo, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans, apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri porque dejó "millones de argentinos en la pobreza". "No se puede pagar con el hambre y la miseria del pueblo la especulación financiera", reprochó sobre el ciclo de endeudamiento iniciado por Cambiemos, gestión a la que señaló como responsable de un modelo de "robo, especulación y usura" y graficó que la relación deuda-PBI legada por el macrismo llegó al 160 por ciento, mientras que, el saldo de esa relación a 2015, "era del 40 por ciento". “Por más presiones de minorías que haya en su afán de debilitar al gobierno, por este Congreso no va a pasar ninguna otra ley que otorgue un peso a más a nuestros acreedores, poniendo en jaque la vida de los argentinos”, cerró su exposición, antes de la votación del proyecto.

Por el lado de la oposición, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, consideró la necesidad de avanzar en la reestructuración “sin cálculos de conveniencia”, pero advirtió que “este acompañamiento no implica dejar de advertir la demora de estos siete meses sin encontrar una salida en el manejo de la deuda”. En ese sentido, enlazó esa "demora" en la negociación con la gestion de la crisis por el coronavirus, a la que criticó. "Es un negocio político para el Gobierno la pandemia, porque el negocio es haber instalado la cultura del miedo con la visión sanitarista, tapando la realidad, y, también, la inoperancia en la gestión", resumió el cambiemita.