¿Cómo es el protocolo antibloqueos a fábricas que lanzó el Gobierno?
El objetivo de la política es bloquear las maniobras, dispositivos, vallados y obstáculos basados en reclamos laborales en el lugar de trabajo.
A través del Boletín Oficial, el Gobierno nacional anunció la implementación de un “protocolo de actuación” en casos de bloqueos y/o medidas de fuerza en fábricas. El objetivo de la política es bloquear las maniobras, dispositivos, vallados y obstáculos basados en reclamos laborales en el lugar de trabajo.
Según la resolución, “se entenderá por ‘bloqueo’ a las maniobras, vallados, dispositivos u obstáculos, de cualquier naturaleza, que impidan, dificulten o amenacen, de forma actual o inminente, el ingreso o egreso de personas, vehículos o mercaderías en un establecimiento productivo o de servicios en cualquier lugar del territorio nacional”.
Además, precisó que el Ministerio de Seguridad “pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes y, de corresponder, instruirá a la Secretaría para que efectúe el despliegue de las fuerzas policiales y de seguridad federales más próximas a fin de que cesen el bloqueo y restablezcan el normal ingreso y egreso de personas, vehículos y/o mercadería”.
Comando Unificado contra bloqueos
En línea con esta política, el fin de semana, el Poder Ejecutivo oficializó la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva, una fuerza especial destinada a las industrias petroleras, cerealeras y mineras de bloqueos y protestas sindicales. Como complemento, se anunció un equipo de Coordinación General de Comando Unificado.
El Comando Unificado estará integrado por la Secretaría de Seguridad, la Subsecretaría de Despliegue Territorial, la Dirección Nacional de Operaciones, la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y por eventuales efectivos designados del cuerpo policial de las provincias pertinentes.
Nueva causa de despido
Vale recordar que, con la aprobación de la reforma laboral contenida en la denominada Ley Bases, se establecieron varios cambios en el empleo público. Entre ellos, la inserción de instancias de evaluación general, de contratos sin estabilidad y del fondo de desempleo, que reemplazaría el actual mecanismo de indemnización, entre otros.
Justamente, el capítulo de la reforma laboral que no se reglamentó es el relacionado a las desvinculaciones. Porque la nueva ley estipula como justa causal de despido los casos en que se obstruya el ingreso o egreso de los establecimientos laborales, se rompan bienes de la empresa o se deje de prestar servicios, es decir, el derecho a huelga.