Barcesat: “Si queremos volver a ser una República, tenemos que anular este veto”

En comunicación con Radio Universidad, el reconocido abogado constitucionalista Eduardo Barcesat analizó el polémico Decreto 70/2023, el veto presidencial a la Ley de movilidad jubilatoria aprobada en el Congreso, así como los persistentes efectos de la Ley bases.

"A la caída de la calidad de vida, que no hemos vacilado en calificarla como el genocidio silencioso del hambre, se le suma la pérdida de la institucionalidad. Y esta pérdida es tan gravosa como el tramo económico. Y voy a ir por orden, digamos, cronológico, señalando todas las fallas groseras, inconstitucionales en que ha incurrido este gobierno. Todavía no hay una respuesta idónea de parte del Congreso de la Nación, que son los representantes del pueblo de la Nación Argentina y que juraron, al igual que todo funcionario público, cumplir y hacer cumplir en cuanto de ellos dependa con la Constitución Nacional”, comenzó el letrado.

“Empiezo por el Decreto 70/2023, que es el que ha trastocado la vida económica de todos los argentinos. Porque no hay aumento, sea de mercadería, servicios, alimentos, medicamentos, las tarifas públicas, el transporte, que no encastre con ese decreto que sacó entre gallos y medianoche la Presidencia de la República, después de haber dicho que iba a convocar, al asumir el 10 de diciembre del 2023, a sesiones extraordinarias a partir del día siguiente”, recordó.

Averías constitucionales

“No convocó nada y, cinco días después, se aparece en una conferencia transmitida por la red nacional anunciando este decreto, que no cumple con ninguno de los requisitos, ni los constitucionales, ni los de la ley de procedimiento administrativo para ser válido, y que curiosamente tiene dos averías que hay que hacérselas conocer al pueblo argentino. La primera avería la provocó el propio Gobierno, porque puso en el proyecto de Ley Bases, el primigenio, en uno de sus artículos, la ratificación del Decreto DNU 70/2023”, señaló Barcesat al programa Buscale la vuelta.

“Después, fue el propio Poder Ejecutivo el que, al ver que las votaciones en la Cámara de Diputados no le eran favorables, retira el proyecto. Y eso, en términos de la mecánica del proceso de tratamiento y debate de las leyes, significa que perdió estado parlamentario el proyecto y, por lo tanto, cayó la ratificación del Decreto 70 que propiciaba”, sostuvo el abogado constitucionalista.

“La segunda avería la provocó el voto en el Senado del rechazo al DNU, con la aclaración que hizo el senador José Mayans, previo a la votación, que espero que haya quedado registrado en las actas de labor parlamentaria, donde se dice que la votación implica, si es el rechazo, la nulidad absoluta e insanable de este decreto. Bueno, así se votó. Después entró a la Cámara de Diputados. Hasta el día de hoy no lo han tratado”, remarcó.

Veto

“Aunque parezcan dos verbos similares, no es lo mismo anular que derogar. En el derecho se deroga lo que es válido, pero que perdió razón de ser. Anular es volver la situación al momento previo al de la producción del acto nulo”, aclaró Barcesat.

Así, según el constitucionalista, con la anulación del Decreto 70/2023 “todos” los cambios implementados por ese DNU deberían retrotraerse, incluyendo los precios.

En relación al veto presidencial a la Ley de movilidad jubilatoria, que el próximo miércoles tendrá, quizás, su round definitivo a nivel legislativo, Barcesat definió: “Los abogados hablamos en términos de deber ser, no de profecías de lo que va a ocurrir o dejar de ocurrir. Hablamos en términos de deber ser: si queremos volver a ser una República, tenemos que anular el veto del Poder Ejecutivo, mediante el voto de dos tercios de los miembros presentes de ambas cámaras. Para enseñarle que los representantes del pueblo de la Nación van a respetar el mandato que comprometieron al momento de jurar el cargo y que es la obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional”.

Por último, en relación a la aprobada Ley Bases, Barcesat analizó: “Algunos creen que hicieron una gran hazaña en el Congreso con reducir la Ley Bases a un tercio de lo que era el proyecto original. Pero da el caso, y por supuesto esto lo dijimos en su momento y ahora se verifica, de que a Milei le bastaba con el artículo 1; con las facultades delegadas. Claro, la emergencia pública le confiere las potestades delegadas y con eso ya se estaba riendo del resto de la institucionalidad”.