Veto presidencial y polémica: qué establecía la reforma jubilatoria
Entre otras cosas, el proyecto de reforma jubilatoria establecía un aumento del 8,1 por ciento y anexaba su actualización mensual al Índice de Precios al Consumidor que informa el INDEC.
El fin de semana, y tras sufrir un duro revés en el Senado, el Presidente, Javier Milei, vetó la reforma jubilatoria que había sido aprobada por dos tercios del recinto y que tenía media sanción en Diputados. La decisión generó un fuerte rechazo del arco político y de buena parte de la sociedad, ya que el proyecto significaba una mejora en los haberes de los jubilados.
En rigor, la propuesta estaba lejos de ser una solución al difícil presente que atraviesan los adultos mayores, aunque mejoraba sustancialmente sus ingresos. Porque, primeramente, establecía un aumento del 8,1 por ciento y anexaba su actualización mensual al Índice de Precios al Consumidor que informa el INDEC.
Además, la iniciativa contemplaba que, en marzo de cada año, se aplicaría un incremento del 50 por ciento de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación de la inflación del año anterior. Esto saldaría las diferencias de los haberes jubilatorios frente a la canasta que se calcula en el sector.
En esta línea, el proyecto disponía que la ANSeS “garantizará, para el caso de las personas que perciban un solo beneficio, el pago de una prestación con un suplemento dinerario de carácter alimentario, de forma tal que los ingresos totales no sean menores al valor de la canasta básica total por adulto, multiplicado por 1,09”.
Asimismo, instruía a la ANSeS a que cancelara la totalidad de las deudas que mantenía con las provincias, cuyos sistemas previsionales “no fueron transferidos al Estado nacional”, al igual que “con los beneficiarios que cuenten con sentencia firme, dentro de los seis meses de la promulgación de esta ley”.
La aplicación de esta reforma jubilatoria significaba solo un 0,43 por ciento del Producto Bruto Interno, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Sin embargo, Milei justificó el veto con el argumento de que la reforma “era un acto irresponsable que establecía gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria”.
