Emergencia salarial: más del 85 por ciento de los docentes universitarios están por debajo de la línea de pobreza

Ante la falta de respuestas concretas, aumenta la preocupación y la emergencia salarial que afecta tanto a docentes como a no docentes de las universidades públicas de todo el país, incluida la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). En este contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) difundió un informe que arrojó cifras alarmantes para el sector.

Al mes de julio de 2024, más del 85 por ciento de los docentes universitarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Asimismo, el 92 por ciento de los docentes sin antigüedad y el 87 por ciento de los docentes con diez años de antigüedad cobran un salario por debajo de la línea de pobreza.

En tanto, más del 60 por ciento de los no docentes universitario reciben un salario que se encuentra por debajo de la línea de pobreza. El 79 por ciento de los trabajadores sin antigüedad, que cuentan con categorías cuatro, cinco, seis y siete, y el 63 por ciento de aquellos con diez años de antigüedad (categorías cinco, seis y siete) cobran un salario por debajo de la línea de pobreza.

En comparación con la realidad salarial de sus pares de los otros países de América Latina, los docentes universitarios argentinos son los que menos ganan: tomando el dólar del circuito financiero argentino, los docentes alcanzan un sueldo mensual de 1.124,55.

Deterioro de los salarios docentes y no docentes

En noviembre de 2023 se acordó una paritaria en tres tramos que comprendía aumentos de nueve por ciento para noviembre 2023, seis por ciento para diciembre 2023 y diez por ciento para febrero de 2024. No obstante, entre noviembre de 2023 y julio del corriente año, la pérdida del poder adquisitivo real fue del 33,33 por ciento, lo que impulsó a declarar la emergencia salarial en las Casas de Altos Estudios.

Según los datos brindados por el informe, el salario docente y no docente no se equipara con los porcentaje de inflación registrados. En los últimos ocho meses, la inflación acumulada ascendió al 134,54 por ciento, mientras que la recomposición salarial acumulada solo alcanzó el 56,97 por ciento: un 77,57 por ciento menos.

La pérdida salarial de los trabajadores universitarios con respecto a otros sectores es clara. Entre diciembre de 2023 y abril de este año, la inflación acumulada es del 114, 5 por ciento. Mientras que en el sector privado los aumentos salariales fueron del 87,2 por ciento y la brecha con inflación alcanzo el 27,3, en las universidades los aumentos solo representaron un 48 por cient. Como resultado, la brecha con la inflación fue de 66,5 puntos porcentuales.

Distribución por cargos

En las universidades públicas, el 70 por ciento de los docentes cuentan con cargos de dedicación simple, es decir, desarrollan sus tareas durante un lapso de nueve horas semanales como mínimo. De esta manera, un docente con categoría titular y sin antigüedad cobra un salario neto de 261.384,45 pesos. En tanto, quienes posean una antigüedad de diez años reciben un sueldo neto de 326.730,56.

En el caso de los no docentes, el 27 por ciento de ellos cuentan con una categoría siete. Aquellos trabajadores con diez años de antigüedad acceden a un sueldo de 669.934, 84 pesos netos y quienes no cuentan con antigüedad solo reciben 596.151,48 pesos. Cabe destacar que solo el dos por ciento de los no docentes cuentan con una categoría uno, que prevé un sueldo neto de 1.322.593,42 pesos (sin antigüedad) y 1.552.943,51 (diez años de antigüedad).

La emergencia salarial, mes a mes

En febrero de este año, las universidades advirtieron sobre las dificultades que enfrentaban para afrontar pagos de gastos mínimos para su funcionamiento. Como resultado, se anunció que el comienzo de la cursada 2024 corría riesgo.

Para marzo, las universidades insistieron en concretar reuniones con el Gobierno para analizar cinco puntos fundamentales: gastos de funcionamiento, salarios, becas, obras y presupuesto para ciencia y técnica. “El Gobierno intenta instalar la idea de que en las universidades se persigue a libertarios, aunque afirma que están girando los fondos para su funcionamiento”, indicaron en el informe.

El mes de abril fue contundente. El Frente Sindical Universitario convocó a una marcha federal en defensa de las universidades públicas y a la que el CIN adhirió. Es así como, el martes 23 de abril, un millón de personas de todo el país salió a las calles en un paro universitario junto a una marcha multitudinaria sin precedentes.

Para mediados de mayo, el Gobierno se comprometió a actualizar gastos de funcionamiento de la UBA, pero el CIN reclamó igualdad en el trato para todas las universidades: a un mes de la movilización federal, tuvo lugar un nuevo paro nacional universitario. A modo de respuesta, las autoridades nacionales se comprometieron a actualizar en un 270 por ciento los gastos de funcionamiento de todas las universidades públicas.

No obstantes, entre junio y julio no hubo novedades sobre la recomposición salarial, la actualización de becas, el presupuesto para ciencia y técnica ni la continuidad de obras. En este contexto, los días 12, 20 y 21 de agosto, se desarrollaron nuevos paros nacionales universitarios en las Casas de Altos Estudios con el fin de visibilizar la emergencia salarial de los trabajadores de las universidades.