Mayor pobreza, menores ingresos y una economía sin expectativa de crecimiento

Por Débora Giorgi*

La política antiinflacionaria del Gobierno nacional, más allá del superávit fiscal y la no emisión, tiene como herramienta fundamental la caída de la actividad económica. Esto se genera ex profeso a partir del sacrificio de los ingresos de jubilados, trabajadores formales e informales, despidos, apertura externa irrestricta con la consecuente caída inédita por su magnitud y vertiginosidad de los niveles de consumo, en algunos sectores, aún peor que en pandemia.

Además, los descensos del consumo de, por ejemplo, carnes, lácteos, frutas y verduras, medicamentos, combustibles, uso del transporte y las fuertes bajas de ventas en comercios, supermercados y mayoristas reflejan niveles per cápita solo algo superiores a la crisis del 2001/2002. A esto se suma un ajuste sin precedentes en nuestro sistema educativo, como universidades y escuelas, y en el sistema científico tecnológico y de salud nacional. Se destruye en poco tiempo lo que se ha tardado mucho en construir.

Hoy, aun padeciendo este ajuste a todas luces injustificable, la inflación es alta, en torno al cuatro por ciento mensual, y, además, tiene implícitos aumentos postergados de precios regulados. De las referidas postergaciones que podrían constituir “inflación reprimida”, la más significativa es la de un tipo de cambio que se ajusta hace varios meses muy por debajo de la inflación, que no acompañó el contexto internacional y los cambios de la FED en materia de tasa de
interés, cuestión que sí hicieron los países emergentes, entre ellos, Brasil. La prueba más evidente es la reticencia de quienes tienen que liquidar las divisas y la necesidad que tiene el Gobierno de seguir manteniendo el “cepo” cambiario, que ya manifestó que nos acompañará por bastante tiempo.

El balance comercial muestra que las exportaciones agropecuarias y de energía suben, en cambio, bajan las industriales. Es decir que, aun con el consumo interno destrozado, la alternativa de exportar con valor agregado se hace difícil.

En cuanto a las importaciones caen simplemente por menor actividad económica. Entonces surge un superávit comercial de perfil muy primario, en un contexto internacional que no augura suba de precios de commodities… más bien lo contrario. No debe extrañar entonces que el uso de capacidad instalada industrial sea el menor desde los años
de la pandemia de COVID-19 y que la actividad industrial de junio del 2024 fue más baja que la de junio del 2020, en plena restricción, con la mayoría de las ramas industriales trabajando con mínimas dotaciones de personal.

Claramente, estos resultados no son casualidad, conocemos qué políticas los generan, y son las del Gobierno nacional. La actividad económica y la industrial en caída libre no son el resultado del programa económico de este gobierno sino, un objetivo per se. El cierre de las pymes, unas 10.000 en seis meses, la destrucción de empleo registrado, con 265.000 en el mismo lapso, el magro ingreso de los trabajadores y el ajuste sobre los jubilados, la educación y la salud “enfrían” la economía y son el “ancla” de una estabilidad económica mentirosa que necesita el cepo cambiario, con graves e inequitativos desequilibrios.

Es mandatorio trabajar en la recomposición de los ingresos de la sociedad. Al comparar los costos de las canastas básicas total y la alimentaria, y los salarios y jubilaciones mínimas, no sorprende que haya cada vez más trabajadores formales y la mayoría de los adultos mayores en la pobreza.

Es imperioso readecuar los precios relativos, comenzando con una política redistributiva de ingresos que genere demanda interna, políticas cambiaria y monetaria que acompañen esta expansión, y una política fiscal prudente que en conjunto alienten la producción, la exportación y dinamicen la inversión, generando empleo. Así, los precios de bienes y servicios, la tasa de interés, el tipo de cambio y las tarifas convergerían en la dinámica virtuosa de recomponer los ingresos de los argentinos y aumentar la producción, la inversión y las exportaciones.

No podemos obviar como si fuera un detalle que la industria y las Pymes no tienen lugar
en la política del Gobierno nacional. Hoy, los niveles de producción industrial ya son 15 por ciento menores
que los del 2016 y parece no importar a los ejecutores de la política nacional. No busquemos explicaciones financieras ni fiscales de porqué el Riesgo País está en 1.500 puntos después del “mayor ajuste fiscal en la historia”.

Una macroeconomía estable no es un descenso de la inflación camuflado que se sostiene en la paz de los cementerios y con cepo, sino que lo sustenta la certeza del crecimiento de la producción, de la inversión, de las exportaciones y del empleo. No es más que tener futuro productivo y, hoy, ese futuro lo avizoran solo unos pocos.

Nuestro distrito no escapa a este duro contexto. El Observatorio Municipal de Actividad y Empleo, que depende de la Secretaría de Producción, en su encuesta de diciembre 2023, ya con el actual Gobierno en ejercicio, registraba que el 44% de las pymes industriales proyectaban invertir. Pero, en la encuesta de junio 2024 solo el 14 por ciento pensaba hacerlo. Y esto es pura lógica, cómo se va a invertir si el 50 por ciento de las máquinas están paradas. No hay
inversión, no hay futuro.

*Secretaria de Producción del Municipio de La Matanza