Cómo se implementa en La Matanza el control de precios a partir del DNU presidencial
Desde el Ejecutivo local, aseguran que unos 70 inspectores ya realizan los controles pertinentes, también destinados a monitorear el cumplimiento de la cuarentena. Si detectan abusos, los vecinos pueden hacer denuncias telefónicas.
Tras el DNU del Presidente, Alberto Fernández, que, desde el viernes pasado, habilitó a los municipios a aplicar la Ley de Abastecimiento y establecer multas y clausuras en los comercios que no respeten los precios máximos fijados por el Gobierno nacional para 2.300 productos, en La Matanza, “unos 70 inspectores ya salen a recorrer comercios para garantizar el cumplimiento de la medida”. Así lo confirmó, en diálogo con El1 Digital, el jefe de Gabinete de asesores de la Subsecretaría de Planificación Operativa y Control Comunal, Daniel Feity.
La cartera municipal que Feity condujo durante cinco años y que asesora desde su salida formal del cargo, en 2017, hoy, es conducida por Rocío Giussi, pero, por su experiencia, el funcionario monitorea el trabajo del área, que se intensificó desde la cuarentena. “Hacemos inspecciones de rutina, pero, también, por quebrantamiento de la cuarentena, por quebrantamiento de las clausuras y por controles de precios”, detalló al respecto.
Con respecto al DNU, el funcionario explicó que, si bien “el Municipio ya tenía poder de policía sobre los precios, porque el control que se hace es sobre todo el área comercial de La Matanza”, ahora, la normativa permite que los gobiernos comunales “puedan aplicar la Ley de Abastecimiento y hacer clausuras”.
“Hemos encontrado abusos de precios y precios desfasados de la realidad, o remarcados, en todo tipo de comercios, desde los hipermercados hasta los comercios más chicos”, remarcó Feity como el diagnóstico que graficaba la situación antes del DNU en cuestión. Ahora, además de dar aviso a la Secretaría de Comercio de la Nación, que establecerá el alcance de las sanciones, el Municipio podrá hacer clausuras preventivas en esos casos.
Desde el inicio de la cuarentena, el 20 de marzo pasado, y hasta la semana pasada, el Municipio había aplicado 112 clausuras por distintos incumplimientos, por ejemplo, relacionados con cuestiones de higiene y bromatológicas. El caso más emblemático fue el de la sucursal de Ramos Mejía del hipermercado Coto, que terminó con polémica política. En ese sentido, Feity defendió el accionar de los inspectores municipales porque, ratificó, “la tarea del área es mirar todo: desde la salubridad, pasando por los precios, hasta las medidas de seguridad”. “En ese caso, había incumplimientos bromatológicos y cableríos sueltos, entre otras faltas, y eso pone en riesgo a la población”, advirtió.
Feity enfatizó también que el Municipio habilitó la línea telefónica 4441-3551 para que los vecinos puedan denunciar faltantes de productos, precios excesivos o no señalizados. “La gente puede llamar y nosotros vamos a constatar la denuncia. En temporadas normales, no de pandemia, el llamado pasa a segundo plano porque priorizamos las denuncias formales por mesa de entrada porque, muchas veces, vamos a los lugares y no se comprueban, pero, ahora, tendrán más relevancia. Pedimos responsabilidad a quienes se comuniquen”, enfatizó al respecto.
“Vamos a cuidar a los vecinos para que se respeten los precios máximos del Gobierno. El trabajo que se está haciendo desde Control Comunal es prioritario y titánico y, muchas veces, no se ve. Por eso, le pedimos a la gente que respete la cuarentena y se quede en su casa, que no salga si no es estrictamente necesario y que advierta si hay incumplimientos”, cerró Feity.
