Bibliotecas populares de La Matanza rechazan mega proyecto de ley y advierten contra un “desfinanciamiento” del sector
La Coordinadora de Bibliotecas Populares de La Matanza difundió en un comunicado su rechazo a la iniciativa legislativa del Gobierno nacional, en especial, los artículos que modifican la Ley 23.351 de bibliotecas populares.
En los últimos días, la Coordinadora de Bibliotecas Populares de La Matanza difundió un comunicado en el cual rechaza “en su totalidad” el Capítulo III del mega proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional que modifica o deroga una gran cantidad de leyes vigentes.
En este caso, el mega proyecto modifica o directamente deroga gran parte de la Ley 23.351 de Bibliotecas Populares, que incluye a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y produce “un cambio drástico en la estructura de dicho organismo y el total desfinanciamiento de todas las bibliotecas populares de la República Argentina”.
Así, el organismo matancero manifestó: “La Coordinadora de Bibliotecas Populares de La Matanza rechaza en su totalidad, el Capítulo III del Proyecto de Ley Ómnibus presentada por el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Congreso de la Nación Argentina, en especial Sección V (CONABIP) cuyos artículos 591; 592; 593; 594; 595; 596; 597; 598, 599; 600; 601 y 602 modifican Ley 23.351, los cuales producen un cambio drástico en la estructura de dicho organismo y el total desfinanciamiento de todas las bibliotecas populares de la República Argentina”.
“Asimismo, dejamos en claro que la Coordinadora de Bibliotecas Populares de La Matanza va a defender todos los derechos que se han logrado con mucho esfuerzo a lo largo de más de 150 años de trabajo al servicio de la comunidad toda”, reafirmaron.
De esta manera, por ejemplo, el proyecto de ley elimina tres de las seis categorías para clasificar a las bibliotecas populares, como ser “la cantidad de personal capacitado en funciones”, “la calidad de las instalaciones y equipamiento técnico”, así como “el método de procesamiento de materiales”, ítems que, en caso de aprobarse la nueva normativa propuesta, dejarán de existir.
Quitas
También, el proyecto deroga siete beneficios para las bibliotecas populares, entre ellos liberaciones de gravamen establecidos en la ley de impuesto, tarifas reducidas en los servicios prestados por empresas del Estado que resulten “imprescindibles” para el funcionamiento de estas bibliotecas, liberación de “todo gravamen fiscal” que recaiga sobre la propiedad privada, subvenciones para el mantenimiento de instalaciones, remuneración y perfeccionamiento del personal bibliotecario, modernización del equipamiento, concesión de préstamos de fomento, contratación de seguros de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro sin costo, entre otros.
Con el proyecto, los beneficios anteriores dejan de existir y el artículo que lo reemplaza sostiene: “Las Bibliotecas Populares reconocidas gozarán, sin perjuicio de otros beneficios que obtengan o les sean otorgados, de los subsidios que a tal fin defina el Congreso Nacional en su presupuesto”.
Qué pasa con las funciones de la CONABIP
En relación a la CONABIP, se deroga la Junta Representativa de Bibliotecas Populares, que debía contar con representantes de cada provincia y de CABA. El proyecto también deroga el Fondo Especial para Bibliotecas Populares. Todos los cargos de la CONABIP, con excepción del cargo de presidente, pasan a ser ad honorem.
Asimismo, las funciones de la CONABIP son modificadas. Según el proyecto, tendrá como función “orientar y ejecutar la política gubernamental para la promoción de la lectura popular y el desarrollo de las Bibliotecas Populares, conforme las pautas fijadas en el artículo 3°. Para ello tendrá a su cargo la administración y distribución de los recursos asignados por el Presupuesto General de Gastos de la Nación”.
Cabe recordar que ese artículo tercero al cual refiere el texto, hace referencia a las tres categorías para clasificar a las bibliotecas populares que sí se mantuvieron: “a) la cantidad de títulos de obras, b) el movimiento diario de los mismos, y c) las actividades culturales que se desarrollen”.
A nivel nacional, según un comunicado difundido por “trabajadores y trabajadoras de la CONABIP” son “más de 1.500” las bibliotecas populares de todo el país “que están en peligro” ante este proyecto de ley.
