“La masacre de Budge”: la historia detrás del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional
La fecha se conmemora este 8 de mayo en memoria de Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argarañaz, asesinados por la Policía Bonaerense en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, en 1987.
Este lunes 8 de mayo se conmemora el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional en recuerdo de lo que, para los organismos de derechos humanos, es considerado el primer caso de gatillo fácil, o al menos, uno que trascendió la historia reciente: la denominada “masacre de Budge”.
Corría el año 1987. Ese 8 de mayo, la Policía Bonaerense asesinó a Agustín “El Negro” Olivera (26 años), Oscar Aredes (19 años) y Roberto “Willy” Argañaraz (24 años) en una esquina de su barrio en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora.
Los jóvenes se habían juntado en la esquina de Figueredo y Guaminí, tal como era costumbre en el barrio, cuando el suboficial Juan Ramón Balmaceda, el cabo Juan Alberto Miño y el sargento Isidro Rito Romero bajaron de una camioneta de la Policía Bonaerense y dispararon contra ellos. Olivera recibió doce disparos, Aredes siete y Argañaraz, con un disparo en una de sus piernas, fue subido a la camioneta, para más tarde aparecer en el hospital con un impacto de bala en la cabeza. “A las víctimas se les “plantaron” armas en un intento de hacer pasar el caso como un enfrentamiento con supuestos delincuentes”, explican desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
La reacción del barrio no se hizo esperar. Los vecinos rápidamente se movilizaron para pelear contra la violencia policial y reclamar por justicia contra este caso de “gatillo fácil”, uno de los más icónicos de los últimos tiempos y que dio lugar al Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional que, a su vez, fue contemplado por la ley 26.811 que fue sancionada y promulgada entre noviembre del 2012 y enero 2013, y que tiene el objetivo de recordar las violaciones a los derechos humanos perpetradas por distintas fuerzas de seguridad y promover la adopción de políticas públicas en materia de seguridad que respeten los cánones correspondientes en cuanto a los derechos humanos.
La causa judicial
Así, el 24 de mayo de 1990 se condenó a Romero a doce años de prisión por homicidio simple mientras que Balmaceda y Miño recibieron la pena de cinco años por homicidio en riña. Ese juicio fue anulado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense por errores procesales. En un nuevo juicio, el 24 de junio de 1994, los policías fueron sentenciados a once años de cárcel por homicidio simple; pero los acusados, que permanecían en libertad, se fugaron tras el fallo. Con la complicidad de la Policía Bonaerense, los asesinos estuvieron prófugos: Romero fue apresado en 1998, Balmaceda y Miño recién en 2006.
“Las movilizaciones en reclamo de justicia se hicieron cotidianas, fueron marcando el paso de los procesos judiciales y sentaron un antecedente. El Caso Budge, con la organización de los vecinos, amigos y compañeros de trabajo puso al descubierto un procedimiento habitual de la Policía: las ejecuciones de “sospechosos”, desde el punto de vista policial, que luego se hacían pasar por enfrentamientos. La Masacre de Budge se convirtió en el primer caso en democracia, de lo que se denominó a partir de allí como ‘gatillo fácil’, donde todo el barrio se organizó para pelear por la justicia contra la política represiva de la policía y la impunidad”, cerraron desde la CPM.
La necesidad de una ley contra la violencia institucional
El secretario de derechos humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, expresó que la lucha contra la violencia institucional tiene que ser una política de Estado, gobierne quien gobierne y homogénea en todas las provincias del país. “Cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, hay una responsabilidad internacional del Estado argentino que no puede ingresar en el terreno de las diferencias ideológicas. El respeto a los derechos humanos debería estar por fuera de las diferencias partidarias”, opinó.
En ese sentido, Pietragalla instó a los diputados y diputadas a que traten el proyecto de ley integral contra la violencia institucional que viene impulsando la Secretaría a su cargo, con el fin de fijar pautas mínimas en todas las provincias sobre recepción de denuncias, reparación a las víctimas, pautas procesales, protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad, entre otros temas.
