Aprobaron expropiar Cromañón y convertirlo en un Espacio de Memoria

El jueves por la noche, con la presencia de sobrevivientes y familiares de las víctimas, el Senado nacional aprobó por amplísima mayoría (60 votos a uno) el proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación un conjunto de inmuebles en los cuales funcionó el boliche “República Cromañón” -donde murieron 194 jóvenes y centenares sufrieron heridas durante un incendio el 30 de diciembre de 2004- para convertirlo en un Espacio dedicado a la Memoria.

Estos inmuebles están ubicados sobre la calle Bartolomé Mitre al 3038/78, a menos de cien metros de la estación ferroviaria de Once. Al inicio del debate, el senador jujeño Guillermo Snopek eligió leer una carta de los familiares de las víctimas.

“La memoria no es solo el pasado, la memoria es aquello que construimos en el presente con el diálogo con otros y otras que nos permiten reconstruir parte de nuestra historia y nuestra identidad. Esa historia que es nuestra y que queremos que trascienda para toda su sociedad en su conjunto. No olvidar para que nunca más se repita", señalaron los familiares de las víctimas, quienes también cuentan con integrantes y sobrevivientes matanceros.

"Ejercitar la memoria es fortalecer la democracia. Construir un espacio colectivo en Cromañón es poner en manifiesto que hubo cientos de pibas y pibes que no dudaron un segundo en arriesgar su propia vida con tal de salvar la de otros. Es seguir advirtiendo y denunciando que la corrupción mata, es seguir dándole pelea a la impunidad. Es también honrar la historia y profundizar la tradición que nuestra Nación tiene en materia de política de derechos humanos”, agregaron.

Dolorosamente, los familiares también recordaron parte de las terribles secuelas que sembró la tragedia en muchos sobrevivientes: “Hubo quienes lograron salir de Cromañón, pero (al) no soportar las secuelas de la masacre llegaron a quitarse la vida, y otros sobrevivientes y familiares fallecieron por enfermedades relacionadas con los efectos de la misma causa. Mientras que muchos otros conviven hoy con afecciones físicas y psíquicas severas reclamando y muchas veces suplicando la atención que el Estado tiene la obligación de brindar”.

“Con la sanción y reglamentación de esta ley estamos convencidos de que nos convertimos en un país un poco más justo que ayer. Lograremos seguir caminando y marchando más aliviados, con nuestras banderas en alto. Decir Cromañón es sentir muy de cerca la corrupción, por eso decimos que la corrupción mata, porque lo sentimos en carne propia, porque no queremos que nadie pase lo mismo”, remarcaron los familiares.

Al momento de votar el proyecto, el único sufragio en contra correspondió a la senadora por la provincia de Córdoba Carmen Álvarez Rivero (Juntos por el Cambio).

Cabe mencionar que los inmuebles donde funcionó “República Cromañón” fueron restituidos a su presunto propietario, Rafael Levy, en octubre del 2018 por el Tribunal Oral Criminal Nº 24. En 2012, este tribunal condenó a Levy a cuatro años y medio de prisión por el delito de incendio culposo calificado, pena que empezó a cumplir en diciembre de 2014, y que tras varias instancias, fue ratificada por la Corte Suprema en 2015.

Cómo se aplicará la nueva ley

De esta manera, la flamante ley determina que se creará una muestra permanente que reflejará la historia de lo allí ocurrido y se organizarán actividades culturales e informativas. La puesta en funcionamiento y administración de este espacio estará a cargo de la autoridad de aplicación, con participación de los familiares de las víctimas fatales y las víctimas sobrevivientes.

Así, la edificación existente en los inmuebles expropiados deberá conservar elementos testimoniales de la masacre, que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica “que se debe preservar”. Asimismo, se deberán garantizar acciones de conservación preventiva, curativa y de restauración dentro del predio.

Entonces, los inmuebles a expropiarse, la calle aledaña y el “santuario” armado afuera del local componen una “unidad de sentido en relación al respeto y la conservación de la memoria colectiva”, por lo que “gozarán de protección por parte del Estado”.

El valor de los bienes a expropiar será fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación (conforme las disposiciones de la Ley 21.499), pudiendo solicitarse la apoyatura y asesoramiento de otras entidades públicas y privadas.