Aprobaron en Diputados un proyecto para construir una alcaidía para 300 detenidos en La Matanza

Para descomprimir la sobrepoblación de los penales bonaerenses, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julio Alak, viene impulsando el Plan de Infraestructura Penitenciaria que, en parte, integra el Plan de Seguridad para el Conurbano bonaerense que el Gobierno nacional anunció en septiembre, de los cuales 12.800 millones de pesos se destinarán a construir dos nuevas unidades penales con capacidad para alojar a mil detenidos cada una y diez nuevas alcaidías para 3.000 reclusos en total.

Una de esas alcaidías será emplazada en La Matanza pero, ante la falta de terrenos disponibles para ese fin, la Legislatura bonaerense avanzó en la declaración de utilidad pública y expropiación, en principio, de un inmueble en González Catán, del lado opuesto de la Ruta 3 en el que se ubica la Unidad Penal 43 de esa misma localidad. El proyecto, que abarca, además, la expropiación de otros seis inmuebles en Quilmes, Moreno, Merlo y Tigre, fue aprobado el jueves por la Cámara de Diputados y, ahora, espera su sanción final en el Senado, donde podría tratarse esta semana, aunque con posibles modificaciones.

Es que Juntos por el Cambio, que aportó su aval al proyecto, logró incluir, sobre tablas, un artículo para que los municipios puedan acordar con la Provincia el lugar de las obras penitenciarias, por lo que, en el caso de La Matanza, según explicó a este medio la legisladora matancera María Laura Ramírez, “se está terminando de definir si se expropia un terreno para hacer la alcaidía desde cero o un inmueble para reformarlo (como establece el texto original del proyecto)”.

“Eso se va a terminar de definir en el Senado, pero es uno de los cinco municipios que accedió a este plan. Se buscaron lugares donde haya capacidad de generar estas nuevas unidades sin afectar a zonas muy urbanas, que no perjudiquen la convivencia con los vecinos y, en nuestro caso, se definió que se va a hacer en González Catán”, amplió.

Si el proyecto se confirma en el Senado –se descuenta que Juntos por el Cambio, que tiene mayoría, lo avalará -, los inmuebles o terrenos expropiados serán transferidos al Estado provincial, que los asignará al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El plazo fijado por el proyecto para construir y poner en funcionamiento estas nuevas unidades es de diez años.

La sobrepoblación, en niveles históricos

En los argumentos de la iniciativa, el Ejecutivo remarca que “el Servicio Penitenciario Bonaerense afronta la sobrepoblación más alta de su historia“ y alude que “entre 2016 y 2019, se produjo un incremento extraordinario en el número de personas privadas de la libertad”, al pasar de los 35.000 detenidos que había en 2015 a los actuales 49.000 que alojan los penales, alcaidías y comisarías bonaerenses.

Para justificar la selección de los lugares donde se instalarán, se destaca que “el 69,2 por ciento del total de la población en contexto de encierro” tiene domicilio en el AMBA pero que “el total de plazas con las que cuenta el sistema para alojar a personas en ubicaciones cercanas en dicha región, es de apenas el 38,7 por ciento del total”.

En ese sentido, la construcción de nuevas unidades tiende a “facilitar la vinculación de las personas privadas de la libertad con su entorno familiar” para “reducir las tensiones en los lugares de detención”, como así también habilitar “la conexión con organismos judiciales y el acceso a servicios de atención sanitaria y educación”.

Así, Alak logró avanzar en el primer tramo para encaminar la sanción del proyecto, aunque no sin resistencias, dado que en varios municipios, ya sea el oficialismo como oposición, mostraban oposición a la instalación de estas unidades.

Según relataron a El1 Digital dos legisladores bonaerenses del oficialismo al tanto de la negociación, en La Matanza, el intendente, Fernando Espinoza, mostró resistencia inicial, por lo que, hasta el martes por la noche, estaba en duda la inclusión del Distrito en el plan que, finalmente, se terminó destrabando. Incluso, por sus dimensiones, el Municipio era candidato a tener una nueva unidad penal, con capacidad para 1.000 internos, pero, finalmente, será destinatario de una alcaidía.

Durante el debate en la sesión de esta tarde, el diputado oficialista Jorge D’Onofrio defendió la necesidad de la aprobación de las expropiaciones al resaltar que, actualmente, al Servicio Penitenciario Bonaerense “le faltan 20.000 plazas”, con “internos alojados en los sectores de duchas". "Así, no se puede continuar", enfatizó.

“Esta es una decisión de política criminal, que no es solo poner más patrulleros y penas, sino analizar el origen del delito y cómo se genera y cómo tratamos a quienes han sido procesados y condenados. Por eso, es importante hacer más cárceles para tener menos presos en el futuro”, agregó en ese sentido y advirtió que la tasa de reincidencia “es de entre 70 y 85 por ciento” porque las cárceles no están cumpliendo con el principio constitucional “de ser lugares de reinserción y no de castigo”. “Hacemos más cárceles para tener mejor alojados a los detenidos, menos reincidencia y más seguridad”, cerró.

En tanto, en diálogo con El1 Digital, el diputado oficialista y vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, Rubén Eslaiman, resaltó la importancia de "no tener presos hacinados en las cárceles ni tampoco alojados en las comisarías porque se está afectando al 20 por ciento del personal policial para cuidarlos, cuando podrían estar en las calles cuidando a los vecinos”.

“No queda otra que la construcción y empezar a ocuparse ahora de este tema; primero, para que los presos estén en penales cerca de sus familiares para tener contención y, también, que puedan estudiar y aprender oficios adentro durante el cumplimiento de sus condenas para que, luego de cumplirlas, la reinserción social sea mucho más fácil y no vuelvan a delinquir”, resumió el legislador massista.