"En La Matanza, son cinco las tomas que lograron consolidarse, pero se desactivaron más de 200", plantean desde el Gobierno de la Provincia

En medio de la escalada de tensión por las tomas de tierras en territorio bonaerense, un conflicto en el que La Matanza aparece como uno de los distritos donde más se multiplicaron los intentos de usurpación, la dirigencia política aceleró el reclamo a la Justicia para que actúe a tiempo, mientras que los intendentes de la Tercera Sección Electoral, incluido Fernando Espinoza, le pidieron al Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, una respuesta unificada ante el conflicto. Luego, el jueves pasado, se conformó una mesa de trabajo que buscará, entre la Nación, la Provincia y los distritos, por un lado, evitar que las tomas se sigan extendiendo y, a la vez, resolver el complejo problema del déficit habitacional. 

Mientras esas respuestas maduran, paralelamente, la Justicia conformó tres mesas de gestión para abordar alguna de las tomas más complejas: las de Los Hornos, en La Plata; Guernica, en Presidente Perón; y González Catán, en La Matanza. Particularmente, la que se activó en el Distrito a principios de septiembre busca generar soluciones frente a la ocupación que, desde 2018, se mantiene en un predio privado donde funciona una granja avícola, que sufrió nuevas usurpaciones este año. En diálogo con El1 Digital, Roberto Perito, director provincial de Regularización del Hábitat, que depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y encabeza esa mesa de gestión por la Provincia, explicó qué alternativas se evalúan y analizó la coyuntura que reinstaló en la agenda pública el debate sobre las tomas, un problema siempre presente en el entramado bonaerense. 

"El déficit habitacional es un problema estructural que se agravó en los últimos cuatro años con la pérdida de empleo y, en el marco de la pandemia, algo que lo complejiza, si bien el Poder Ejecutivo nacional sacó un decreto que suspende los desalojos por falta de pago de los alquileres, es que, cuando hay un contrato informal, el dueño te saca a la calle igual, entonces eso generó una explosión y un efecto dominó que se sumó a un hacinamiento histórico que viven muchas familias", planteó el funcionario provincial, para quien, además, el conflicto no llegó a escalar al nivel que "se plantea en los medios".  

"Las tomas que han logrado consolidarse no son tantas como aparecen en los medios. En La Matanza, las que lograron instalarse son cinco, pero se desactivaron cerca de 200 ante la intervención del área de Seguridad que, cuando llega a un conflicto de este tipo, habla con la gente que, en la mayoría de los casos, desiste", agregó Perito. No obstante, reconoció que las cinco tomas que sí lograron consolidarse en territorio matancero "van a demandar otro tipo de trabajo más complejo". "La respuesta debe ser planificada y el Estado debe ser el ordenador para evitar estas situaciones", consideró en ese sentido, y reconoció que, en medio de la pandemia, buscar alternativas "no es fácil". 

"Gran parte de los recursos están volcados a la emergencia sanitaria y a la demanda alimentaria, pero tenemos la esperanza de que, cuando llegue la vacuna y esto pase, podamos cambiar la ecuación para intervenir de mejor manera. La toma de tierras es multicausal. El derecho de propiedad existe y hay que defenderlo, pero el tema de las ocupaciones por falta de acceso viene desde 1980. Estructuralmente, se trabajó muchísimo entre 2003 y 2015, y hubo un nulo avance hasta 2019. Cuando estábamos preparándonos para volver al territorio y ordenarlo, nos estalló la pandemia", argumentó Perito, quien detalló que, "antes del coronavirus, ya se estaba trabajando en 90 loteos con servicios en toda la Provincia". 

"Es verdad que el territorio está más acelerado y que hay más necesidad, pero, también, hay especulaciones políticas y económicas que no ayudan y un momento político en el que se le da más visibilidad a estos temas. Cuando entrás a una toma, el origen es difuso pero, tres meses después, tenés víctimas de los dos lados: la gente a la que le usurparon la tierra y la gente que no tiene dónde vivir. Cuando el Estado no interviene y no ordena, explotan todos los factores negativos. Pero tampoco es una hecatombe: si mirás los medios, teóricamente, La Matanza estaría prendida fuego y son cinco las tomas consolidadas, pero hay gente esperando una respuesta desde hace tres años", resumió el funcionario bonaerense.  

En ese sentido, consideró que la mesa de trabajo que convocó Kicillof ante el planteo de los intendentes "va a permitir encontrar soluciones". "Ya se está trabajando en ese sentido. Hubo una reunión este lunes entre Nación y Provincia (el ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés Larroque fue recibido por la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic) por el caso particular de Los Hornos pero entiendo que eso se va a ir replicando a escala ministerial para que, después, nosotros nos ocupemos desde la Subsecretaría de cada caso concreto para ir encontrando soluciones", agregó Perito. 

Cómo funciona la mesa de gestión en La Matanza  
Ante el conflicto por las usurpaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia puso en práctica, desde abril de 2019, mediante la Resolución 707/19, un "Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad" para evitar que, en los desalojos, se generen vulneraciones de derechos humanos que conlleven una responsabilidad estatal. A instancias de ese protocolo, ante cada caso en particular, la Justicia convoca a estas mesas de gestión, en las que participan los estados Nacional, Provincial y municipales, junto a la Defensoría del Pueblo de la Provincia y una comisión en nombre de los vecinos que están en la ocupación y representantes de los dueños de los terrenos, en caso de que sean privados. 

A partir de esa mesas de trabajo, se evalúan alternativas de resolución. De las cinco tomas más grandes de La Matanza, algunas de las cuales llevan años, la Justicia, por ahora, solo generó una intervención de este tipo en la de González Catán y convocó a Perito en representación de la Provincia porque su cartera es la autoridad de aplicación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat 14.449, que se aprobó en la Provincia en noviembre de 2012 y reglamenta el derecho de todos los habitantes bonaerenses a tener un lugar adecuado para vivir en condiciones que favorezcan su integración.  

"Tuvimos una primera reunión virtual, junto con el Municipio, y estamos a la espera de un nuevo encuentro la semana que viene. A decir del Municipio, este predio en particular representa un riesgo porque las tierras estarían contaminadas. Nuestra tarea es, a partir de los instrumentos que tiene la Provincia, generar respuestas habitacionales que acompañen el posicionamiento que el Municipio tenga como ordenador del territorio", explicó sobre este primer contacto preliminar. Si bien la idea de estas mesas es, por ejemplo, que las personas que están ocupando los terrenos sean censadas para identificar sus necesidades concretas de vivienda, se está a la espera de que la Justicia ordene ese procedimiento. 

La pregunta que surge ante estas situaciones es qué pasa una vez que las personas son censadas y, eventualmente, desalojadas, en caso de que la Justicia lo ordene. "La ley 14.449 establece metodologías rápidas para intervenir, como la generación de lotes con servicios como respuesta habitacional que el Municipio tendría que proyectar sobre tierras fiscales o privadas que se pongan a la venta con un precio medianamente regulado o condiciones de pago acordes", dijo Perito en ese sentido aunque, en la práctica, esas respuestas no suelen surgir en el corto plazo. 

"Entendemos que los dueños del predio en Catán tienen predisposición para encontrar una solución, incluso, poniendo las tierras. Es cuestión de negociar y encontrar un valor acorde, no sabemos si eso se va a dar en este caso, pero la apertura a dar respuestas siempre está porque nuestra idea es convertir el conflicto en solución definitiva. Eso no quiere decir que banquemos las tomas de tierras o que creamos que están bien, porque eso nos corre del eje: hay un montón de barrios informales porque arrancaron como tomas y hoy siguen teniendo graves déficits. Y, en esta toma en particular, los dueños están esperando una respuesta de 2018, entonces el Ejecutivo tiene que trabajar fuertemente en reducir el déficit, pero la Justicia tiene que estar a la altura de las circunstancias", sintetizó Perito.