Investigan si un preso que falleció en la comisaría de San Justo tenía coronavirus
El reo, de 22 años, falleció dentro de uno de los calabozos de la Comisaría Primera Noroeste local. Le realizarán el hisopado para corroborar si tenía COVID-19.
El domingo pasado, un preso de 22 años que estaba detenido en la Comisaría Distrital Primera Noroeste de San Justo fue hallado muerto por sus compañeros de celda y, ahora, investigan si el joven tenía coronavirus, en función de que, antes de su muerte, había manifestado varios síntomas similares a los del COVID-19.
Según fuentes policiales y judiciales, la víctima fue identificada como E. A., quien falleció en el calabozo número uno de la dependencia policial ubicada en la calle Tomás Justo Villegas, entre Arieta y Almafuerte. “Presentaba, desde el 20 de marzo, un cuadro con la siguiente sintomatología: fiebre, cefalea, vómitos, debilidad muscular, malestar general”, indicaron los voceros en relación a la víctima.
Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, los efectivos de la cabecera distrital trasladaron al detenido a varios centros de salud del Partido ante las complicaciones que presentaba. Sin embargo, durante esos operativos no se sospechó que se estaba frente a un posible caso de COVID-19 y, por ende, no se realizó el protocolo de seguridad.
El domingo pasado, tras enterarse del fallecimiento del recluso en el interior de la comisaría, el fiscal de la UFI de Homicidios y el cuerpo médico se hicieron presentes en el lugar. Horas después, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, donde realizarán el hisopado para corroborar si el preso tenía COVID-19.
E. A. estaba privado de su libertad ambulatoria desde octubre pasado, acusado de un homicidio. Si los estudios que van a realizarle a su cuerpo dan un resultado positivo, ello indicaría que se habría contagiado de coronavirus estando detenido, algo que inquieta a propios y ajenos.
Cabe recordar que, ante el avance de la pandemia mundial y la declaración de la cuarentena obligatoria, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julio Alak, y las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), ordenaron suspender las visitas carcelarias y extremar las medidas de seguridad e higiene en cárceles, alcaldías y calabozos.
De hecho, ante esta situación, los 19 defensores generales de la Provincia habían pedido la liberación de todos los presos, tanto en penales como en comisarías, que sean considerados población de riesgo. El planteo, plasmado en un habeas corpus, sostiene que la sobrepoblación carcelaria (hay más de 45.000 reos en las cárceles bonaerenses) y las “condiciones inhumanas” de las dependencias pueden “agravar severamente los cuadros”.
