Arroyo explicó el proceso de compra de alimentos para comedores tras la polémica por el precio del aceite y el azúcar

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, explicó, este lunes, cómo se generó el proceso para la compra extraordinaria de alimentos que encaró su cartera, luego de que se instalara una polémica por el precio pagado por el Estado en rubros como aceite y azúcar, por los que se abonaron montos por encima de los valores testigo que fija la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), como es habitual en todo proceso licitatorio público.

En ese sentido, el ministro explicó que la licitación en cuestión fue parte de “una compra extraordinaria de alimentos ante el aumento de personas que asisten a comedores y merenderos, donde la asistencia pasó de ocho a once millones de personas”, tras la cuarentena obligatoria vigente desde el 20 de marzo. Es decir, que era una compra presionada por la urgencia.

El debate se instaló luego de que, en las resoluciones correspondientes a esas compras que se publicaron este lunes en el Boletín Oficial, se detectara que el Estado había pagado las unidades de 1,5 litros de aceite de las marcas Índigo e Ideal a 158 pesos, mientras que en el programa Precios Cuidados su valor es de 121 pesos y el precio testigo de la SIGEN se ubica en 97 pesos. Una situación similar se dio en el caso del azúcar.

A través de sus redes sociales, Arroyo explicó que, en esos dos rubros, “la oferta superó los precios testigos”. “Ante la necesidad de llegar a comedores y merenderos con esos productos que forman parte de la canasta básica, se decidió realizar la compra”, reconoció al respecto.

Luego, entrevistado por distintos medios, el funcionario se explayó al respecto y aseguró que “los proveedores se plantaron”. “En todos los casos, pedimos rebajas y decidimos, con un informe técnico, comprarlo igual, en el marco de la emergencia. No llegamos a cubrir la cantidad de módulos (licitados originalmente). Aprovecho para pedirles a los proveedores que nos ayuden a bajar los precios”, agregó.

En esa misma sintonía, aclaró que la polémica por el precio de compra de los fideos, que en la resolución original figuraban a un promedio de 84 pesos por medio kilo, se originó por un error que luego fue enmendado. “Es necesario aclarar que la compra fue por kilogramo y no por paquetes envasados de 500 gramos. En el Boletín Oficial, este lunes, se publicó la resolución 159/2020, que rectifica en esa línea lo planteado en la resolución 152/2020”, detalló.

En el marco de las acusaciones por posibles sobreprecios y situaciones poco transparentes en las licitaciones, que se agitaron desde algunos medios y en las redes sociales, Arroyo contrapuso: “Para la adquisición de estos productos esenciales, se invitó a más de 20 empresas proveedoras de alimentos y de leche”. “Todas vienen participando hace muchos años de las distintas licitaciones de este organismo y todos los rubros se adjudicaron a más de un proveedor y, en ningún caso, se lograron ofertas por la totalidad de solicitado”, agregó.

“Todas las compras fueron realizadas bajo la supervisión de la SIGEN, el Instituto Nacional de Alimentación y de acuerdo a las normativas realizadas por el decreto 260/2020 COVID-19”, que establece la reasignación de partidas especiales ante la emergencia desatada por la pandemia que, además de su costado sanitario, tiene un emergente social para los sectores más vulnerables.