“Las tarifas afectan los derechos de los matanceros porque son impagables”, plantea el Ejecutivo tras el amparo

El secretario general de Gobierno de La Matanza, Gustavo Dutto, reconoció que el pedido de amparo judicial antitarifazos que presentó este jueves la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, en la Justicia Federal de San Martín, “no es un camino fácil de correr” pero aseguró que el Ejecutivo mantiene buenas expectativas “de que, en base a la situación de pobreza y endeudamiento de la población, se anulen estas subas”.

“La acción que presentamos es contra el Estado nacional y, por eso, tramita en la Justicia Federal de San Martín, en el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo número 1”, especificó el funcionario, en diálogo con el programa 5 minutos más, de Radio Universidad.

Dutto aclaró también que “la demanda contiene un pedido de medida cautelar, que tiene como objeto frenar el aumento irrazonable de las tarifas, que afectan los derechos de los matanceros porque son impagables”. “Sabemos que esto va a llevar su tiempo, porque abarca distintas instancias, así que esperamos una resolución en unos 30 días”, vaticinó.

En particular, la demanda presentada por Magario apunta a frenar los últimos tarifazos de agua, luz y gas, a diferencia de la demanda colectiva que, a principios de semana, habían presentado 13 intendentes del PJ bonaerense, que busca anular la última suba de las tarifas eléctricas, vigente desde febrero.

“Se hace para todos los vecinos, sin distinción de clases, pero enfatizando en los que tienen menos recursos y son beneficiarios de la tarifa social. Lo encara la Municipalidad como representante del pueblo matancero, pero también porque el aumento de tarifas, que son desproporcionales y exorbitantes, coloca a la Comuna en una situación de crisis económica comparada con el nivel de recaudación de las tasas municipales”, agregó Dutto.

Entre los argumentos que despliega la presentación, “se hace hincapié en la pobreza energética que afecta a los hogares incapaces de pagar”. “Estamos hablando de servicios públicos que afectan la economía familiar y estas subas no siguen los principios que estableció la Corte en el fallo CEPIS de 2016, cuando planteó que las tarifas tienen que ser razonables y pagables, de acuerdo al poder de pago de los consumidores”, sumó.

La presentación del Ejecutivo fue acompañada por la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), pero también por un grupo de empresas y cooperativas de trabajo que pusieron sus casos como ejemplo de la situación delicada que atraviesan por los tarifazos.
“También, sumamos algunos casos específicos, que nos aportaron desde DEUCO, como una almacén que está pagando 120.000 pesos de luz, o empresas que pagan un millón de pesos de gas”, graficó Dutto.

Por eso, insistió en que “no se está pidiendo una revisión de las tarifas sino, directamente, la nulidad de las subas”. “No es un camino fácil el que emprendimos, pero lo importante es que la sociedad tome conciencia de que esto no es solo judicial, sino que hay que discutirlo en todos los ámbitos porque está afectando a la vida cotidiana. Debemos darle argumentos al juez para que sienta cuán mal le hace a la población de La Matanza esta situación”, agregó.

En esa misma sintonía, llamó a que “no se naturalicen los aumentos, sino que se discutan”. “Parecería que la discusión pública pasa por ver de qué manera se hacen malabares para pagar estas boletas, pero lo que hay que discutir es la naturaleza misma de estos aumentos. Estamos hablando de servicios que son derechos”, cerró.