Gremios advierten por el aumento de la conflictividad laboral en La Matanza

Durante las últimas semanas, se desataron importantes conflictos laborales en La Matanza: el caso de la empresa de plásticos Nicoll de La Tablada es, quizás, el más emblemático porque implica que 173 trabajadores se quedarían en la calle. Pero, según coincidieron las dos CGT de La Matanza en diálogo con El1 Digital, es solo un botón de muestra de algo que viene sucediendo hace meses y que se fue intensificando semana a semana: el aumento de la conflictividad laboral en el Distrito.

En el caso de Nicoll, una empresa dedicada a la fabricación de tubos y accesorios de plástico propiedad de la multinacional Aliaxis, los trabajadores continúan resistiendo el Procedimiento Preventivo de Crisis que la firma inició en la cartera laboral para cerrar sus operaciones en el país. A pesar de que ese proceso comenzó el 5 de septiembre, los representantes del Sindicato del Plástico serán recibidos en el Ministerio, recién, este lunes para acordar el pago del cien por ciento de las indemnizaciones.

Al mismo tiempo que los trabajadores de Nicoll reclamaban por sus puestos de trabajo, las dos sedes de la fábrica budines y galletitas Dulcypas, de San Justo y Ramos Mejía, fueron tomadas por los 28 trabajadores de la planta de Pilar, que había cerrado sorpresivamente a fines de agosto.

Si bien esa ocupación duró solo un día, los trabajadores matanceros están en alerta porque “desde el año pasado, el pago de los sueldos llega con demora y el aguinaldo se cobró todo junto, pero con un mes de retraso”, contó una delegada, Patricia Inigo. “Este último tiempo, la mano se puso difícil. El dueño nos dice que le pagan con cheques a 90 días, que no cobra y entonces se hace una pelota. Vemos menos pedidos, las ventas bajaron y nos da miedo que nos pase lo mismo que a los compañeros de Pilar”, reconoció.

Otro conflicto que se desató a mediados de septiembre fue el de Rapistand, cuando los trabajadores de la planta que la empresa tiene en Isidro Casanova tomaron la fábrica durante dos días por el despido de 14 empleados, que se suscitó ante el reclamo por los atrasos sostenidos en el pago de los salarios y aguinaldos.

“Después de la toma, la situación se regularizó y estamos en medio de una conciliación obligatoria por 30 días, con los trabajadores reincorporados, pero el problema es que, por momentos, no entra trabajo. Fabricamos estanterías y exhibidores para hipermercados y mucho de lo que hacemos se empezó a importar, las ventas cayeron mucho y los pagos se empezaron atrasar”, contó Diego Newell, delegado de los trabajadores. “Desde 2016, tuvimos más de 30 bajas de compañeros a los que la empresa les ofreció retiros voluntarios y nunca fueron reemplazados”, sumó.

Rapistand es propiedad del grupo Servas, también dueña de una fábrica de ascensores en Laferrere que, en julio, había despedido a 23 personas. Con la intervención de la UOM, 14 fueron reincorporadas y nueve aceptaron la oferta de la empresa para desvincularse. Tampoco fueron reemplazados.

El análisis de las CGT
Para los representantes de las dos centrales obreras locales, los conflictos de septiembre fueron el corolario de un proceso que ya se venía gestando.

“Los conflictos estallan ahora porque muchas PyMEs habían acumulado buenos períodos de trabajo y pudieron aguantar. Quizás son empresas que en 2001 se habían quedado con siete trabajadores y hoy tienen 35, pero la situación no repunta, las importaciones aumentan y no pueden mantener el nivel de empleo porque es imposible competir con lo importado. La mayoría está pagando en cuotas y la generación de trabajo es nula: las que pueden, arreglan con los que se quieren ir”, relató Mario Ortiz, titular de la CGT La Matanza.

El referente sindical graficó, además, que la poca creación de puestos de trabajo termina funcionando como variable de ajuste: “Muchos compañeros aceptan perder viáticos, premios por productividad y otros ítems que se habían conquistado en los últimos años por el aumento de la producción y aceptan quedarse con el salario básico más el presentismo con tal de tener trabajo”, contó.

El líder de la CGT en Unidad, Ernesto Ludueña, coincidió con Ortiz: “Hay empresas que ponen lo que no tienen para sostener a los trabajadores en los que invirtieron para que se capaciten, pero la agonía se estira porque el mercado no repunta”.

Ludueña apuntó que “en la sede local del Ministerio de Trabajo se reciben conflictos todos los días”, al tiempo que criticó que esa delegación “está trabajando en su mínima expresión” porque, en 2016, perdió su sede propia y, por ende, “el lugar más chico llevó a una reducción de personal”. “Hay menor presencia e intervención en los conflictos”, cerró.